La ley 26.160 establece que la Dirección de Reafirmación del INAI debe designar y acompañar con equipo técnico a los referentes indígenas nacionales en las reuniones zonales para evaluar el proceso, «pero nos dijeron que no tienen los recursos para realzar esa actividad», afirmó la funcionaria.
Para los pueblos originarios patagónicos, la demora de la aplicación de la ley pone en riesgo a las comunidades originarias y genera situaciones inestables históricas que tienen los pobladores indígenas en las zonas rurales, ante el avances de los megaproyectos hidrocarburíferos y mineros.
La presidenta del INAI, Jimena Psathakis opinó que para el período 2017-2020 el Instituto tiene entre sus metas «dinamizar los tiempos, optimizar los recursos y hacer eficiente el proceso de Relevamiento Territorial, avanzar en un acuerdo federal para abordar la problemática de la propiedad comunitaria de la tierra».
También agregó que pretenden «avanzar en las elecciones de representantes del consejo de Participación Indígena (CPI)» y «lograr una mayor articulación entre los distintos organismos del Estado para garantizar el acceso a los derechos de comunidades indígenas».
Currufil, señaló que el relevamiento que resta completar en la provincia es sobre la zona Atlántica, el Valle y la zona Andina y que «es un derecho ganado que necesitamos ejercer para completar las comunidades».
Para los integrantes del Consejo indígena rionegrino no se está cumpliendo con la legitimidad del derecho fundamental de los pueblos originarios. «Para nosotros, el Estado Nacional está negando ese derecho», sostuvo el integrante el consejero, Ignacio Prafil.
Según explicó, esto viene de una larga lucha de haber logrado que ésta ley se prorrogue hasta 2021, «pero mientras los tiempos corren existe mucha urgencia en las comunidades para que esto se concrete», aseguró el dirigente mapuche.
«Nos parece que existe una falta de voluntad política del ámbito nacional para que esto se logre, porque cuando uno tiene esa voluntad, busca los mecanismos para concretar la asamblea», indicó.
«Constantemente buscamos el diálogo hacia el INAI, porque el resultado de estas carpetas técnicas tiene un dictamen jurídico, antropológico y catastral de la tierra que actualmente se está ocupando», advirtió.
En su momento, el Codeci informó que en una primera etapa entre 2009 y 2011 se relevaron 50 comunidades sobre un criterio de trabajo de 120 pero hoy dentro de la órbita del parlamento indígena y del Codeci, se fueron organizando otras comunidades hasta alcanzar en la actualidad unas 160.
«Debe iniciarse la segunda etapa y luego deberían desarrollarse otra tercera y hasta una cuarta porque no nos queremos quedar en la prórroga. Si se vencen los tiempos vamos a tener que insistir en otra más», concluyó Prafil.
Foto: Vía Viedma.
