El fiscal general de Rawson, Omar Rodríguez, como parte de la Oficina de Delitos Contra la Administración Pública, encabezó este martes una serie de inspecciones oculares de 22 escuelas de Rawson y Playa Unión, en el marco de las denuncias por supuestas irregularidades en la contratación directa de obras de refacción por parte del Ministerio de Educación, a cargo de la profesora
Las presentaciones judiciales fueron impulsadas el mes pasado por los diputados provinciales Alfredo Di Filippo (Convergencia) y Eduardo Conde (Cambiemos).
“No son allanamientos, sino inspecciones oculares, que tienen como fin establecer que obras se hicieron, cuales son los avances y que empresas intervinieron en estas refacciones”, señaló Rodríguez en diálogo con la prensa.
“Vamos a documentar todo de manera fotográfica y a través de la información que nos puedan brindar los directores llevaremos documentación de la constancia que hay en distintas escuelas sobre quienes se presentaron y quienes hicieron las obras de refacción”, remarcó.
«Lo que nosotros estamos viendo como primer punto de reflexión que estas reparaciones menores no se condicen con las necesidades de las escuelas», sostuvo Rodríguez.
«Los propios directores nos manifestaron que tenían otras urgencias y no cambiar un picaporte o un tubo fluorescente».
«En principio aparece un concurso de precios donde compiten empresas entre sí y se otorgaba la obra a la que cotizaba el menor precio. Pero nosotros estamos trabajando en la hipótesis a que no fue así como está planteado o cómo surge de la documentación», consideró.
«Hay una repetición de varias empresas que tenían estrechos vínculos entre sí», enfatizó el fiscal.
Explicó que «son dos expedientes, porque son resoluciones distintas, una que abarca a las regiones de Rawson, Esquel y Comodoro y otra relacionada con la Región de Madryn».
Respecto de la implicancia de Cigudosa, el fiscal Rodríguez reveló que «la ministra firma la resolución en la que otorga las partidas extraordinarias a las distintas las escuelas para llevar adelante las refacciones».
En tanto, según la resolución, el control lo tenían que hacer los propios directores de las escuelas.
«También hemos observado que, de acuerdo a los valores de mercado, habría un sobreprecio respecto de los elementos colocados».
El funcionario indicó que «hay empresas que no tienen que ver con la construcción, su actividad no condicen con este tipo de trabajos», al mismo tiempo que puntualizó que «hay diferencias en la ejecución de una primera etapa, en algunas escuelas se hizo muy poco y en otras se avanzó más».
«El 50 por ciento de lo cobrado asciende a 1 millón, 400 mil pesos», agregó.
También recordó que otra de las modalidades fue girar fondos para que las obras las hicieran los municipios, aunque aclaró que «la denuncia abarca sólo las contrataciones del Ministerio de Educación».
«Estamos en la tarea preliminar de recolectar información para determinar la existencia del delito y quienes serían los presuntos autores. Tenemos elementos suficientes para seguir avanzando», enfatizó.
«Las directoras han prestado total colaboración y coinciden en que los arreglos no eran los más necesarios, o importantes», insistió.
VARIOS DEFASAJES
«Estamos divididos en varias comisiones, a cargo de funcionarios judiciales, personal de Criminalística y personal policial de la Jefatura de Rawson», comentó por su parte el comisario inspector Juan Carlos Nuñez, integrante de la Unidad de Investigaciones de la Procuración General.
«Encontramos varios defasajes en lo que se decía que se hizo y en lo que realmente se colocó», aseveró.
«También algunas cosas que se mencionaron como reparadas y no se han reparados. Tampoco, en algunos casos, está claro quienes son los representantes de las empresas», adelantó.
