El incremento de detenidos preventivos «tiene varias lecturas: una, que hay mayor eficiencia en la investigación policial, y la otra, que los jueces no están aplicando claramente la Constitución, que señala que el principio de inocencia debe regir en todos los procesos penales”, evaluó Lima.
El ministro admitió que la detención preventiva es uno de los temas que preocupa al Gobierno porque en los últimos años se registró un incremento en las personas privadas de libertad bajo esa figura.
Detalló que existía una cifra cercana a los 18.000 presos en los últimos años con cárcel preventiva, y que ahora esa cifra está en 25.000 personas, esto es, 7.000 más.
“Hasta que no exista una sentencia ejecutoriada las personas son consideradas inocentes; por lo tanto, la regla debería ser la libertad”, explicó Lima.
Sin embargo, señaló que los casos de funcionarios que salieron del país para no rendir cuentas a la Justicia, como los exministros Yerko Núñez y Fernando López, entre otros, “hacen que la posición de las autoridades judiciales sea restrictiva en cuanto a la libertad”.
“Hay acciones concretas que estamos tomando. La primera es la presentación del Código de Enjuiciamiento Penal”, explicó.
Para Lima, con la reforma debe seguirse la regla de libertad y la excepción -detención- debe ser “muy limitada”.
“Hay un problema dentro de la administración de justicia que justamente estamos trabajando desde la nueva Ley de Enjuiciamiento Penal, que elimine las características que puedan dar señal de arbitrariedad”, explicó, según la estatal agencia ABI.
Telam