Los eurodiputados dieron luz verde este miércoles al certificado digital europeo sobre Covid-19, destinado a facilitar los viajes dentro de la Unión Europea (UE), iniciativa que se pondrá en marcha a partir del 1 de julio si los gobiernos así lo deciden.
El proyecto contó con 546 votos a favor, 93 en contra y 51 abstenciones. Se trata de tres documentos que certifican que el portador ha sido plenamente vacunado contra el coronavirus, dio resultado negativo a un test o es inmune tras haber sido contagiado.
Los certificados se emitirán de forma gratuita, en formato digital o en papel, y deberán permitir evitar la realización de cuarentenas en los países de destino, refirieron las agencias de noticias AFP y Sputnik.
«Tras un tiempo récord de negociaciones, menos de dos meses, lo hemos conseguido», dijo el eurodiputado socialista español Juan Fernando López Aguilar, ponente de este texto que, según él, «revive la libertad de circulación de los ciudadanos europeos».
«Es la respuesta europea para poner fin al mosaico de diferentes reglas», dijo la legisladora centrista francesa Nathalie Colin-Oesterlé.
Durante un debate en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, animó a los estados del bloque a emitir de inmediato los certificados para evitar un atasco en los procedimientos a principios del verano boreal.
Según Reynders, «más de un millón de ciudadanos ya han recibido estos certificados, y muchos más seguirán en las próximas semanas y meses».
Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Alemania, Grecia, Polonia, Lituania y España ya han comenzado a emitirlos, y en Francia el pase sanitario entró en vigencia hoy.
Aunque el proyecto se concentra en restaurar la libre circulación, los estados miembros pueden utilizar los certificados para otros fines (como festivales, conciertos o eventos deportivos) dentro del marco de sus legislaciones nacionales.
A pesar de un amplio voto favorable, varios eurodiputados han expresado reservas sobre la protección de datos personales. La eurodiputada medioambiental francesa Michèle Rivasi dijo que el proyecto «abre un nuevo riesgo en términos de trazabilidad».
Además, el certificado «no está consolidado por pruebas gratuitas (…), por lo que abre el camino a riesgos de discriminación», lamentó la socialista francesa Sylvie Guillaume.
