El Gobierno porteño confirmó este lunes la adhesión de la Ciudad al Protocolo Nacional para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y, de manera paralela, anunció medias que incluyen un plan de prevención del embarazo no deseado, de asistencia a la mujer gestante y de agilización de las adopciones.
Así lo informó este lunes el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien, a través de un comunicado recordó que «el 16 de julio la Legislatura porteña sancionó con amplia mayoría (50 votos a favor, 3 abstenciones y 7 en contra) la ley de adhesión al protocolo nacional para la interrupción legal del embarazo (ILE) por causas justificadas».
«Respetando esa decisión, el Poder Ejecutivo de la Ciudad impulsará un conjunto de medidas para fortalecer la prevención del embarazo no deseado y brindar información y opciones de acompañamiento que garanticen el pleno discernimiento de la elección que enfrenta una embarazada», agregó.
De esta manera, el Gobierno porteño determinó no avanzar en el veto de la ley, como lo reclamaron organizaciones «pro vida» en las últimas semanas, ya que esta medianoche vencía el plazo legal para hacerlo.
No obstante, acompañó esa decisión con el anuncio de medidas complementarias para evitar, por ejemplo, embarazos no deseados y agilizar el sistema de adopciones.
En ese marco, anticipó también que trabajará en iniciativas como «esclarecer los períodos gestacionales» para la práctica y «los métodos más adecuados» que brinde el sistema de salud.
Y la creación de un «programa de derivación de prácticas de ILE que ofrezca una alternativa a las instituciones con un ideario fundacional distinto al promovido en la ley».
El protocolo nacional establecido por el ministro de Salud, Ginés González García, en diciembre de 2019, se basa en las causales previstas por el Código Penal argentino desde 1921 -y confirmadas por la Corte Suprema de Justicia en 2012-, según las cuales la interrupción del embarazo es legal si el mismo proviene de una violación o representa riesgos para la vida o la salud de la mujer gestante.
Establece, entre otros cuestiones, que las personas gestantes que quieran acceder a una ILE solo deberán dar su consentimiento informado y firmar una declaración jurada que afirme que su situación está entre los casos comprendidos por la ley para la intervención.
Agrega que «la decisión de la persona es incuestionable y no debe ser sometida por parte de las/os profesionales de salud a juicios de valor derivados de sus consideraciones personales o religiosas», al tiempo que indica que «no deben interponerse obstáculos médico-burocráticos o judiciales para acceder a la prestación de una ILE, ya que ponen en riesgo la salud de quien requiere la práctica».
En los casos de niñas y adolescentes víctimas de violación, indica que «la justicia sólo debe intervenir para proteger a la niña o adolescente por la situación de abuso y para la sanción del victimario. No se debe consultar a la justicia ni pedir autorización para la decisión de realizar ILE, ya que la práctica es una responsabilidad del equipo de salud y se decide por pedido de la niña o adolescente».
Y plantea que el «profesional de la salud tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia con respecto a la práctica de la ILE, siempre y cuando no se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención de la requirente del servicio».
Antes de la adhesión, la Ciudad contaba con un protocolo de aborto no punible, pero no estaba vigente porque diversas organizaciones habían presentado un amparo ante la justicia por considerarlo restrictivo; y como consecuencia regía una guía de procedimiento recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La medida fue votada por la Legislatura y, tal como lo establece la Constitución porteña, el Ejecutivo contaba con diez días hábiles, desde la recepción del documento enviado por el Parlamento, para promulgar la ley o vetarla, plazo que se cumplía esta noche a las 24, según lo indicado por fuentes del Ejecutivo.
