La Comisión de Constitución y Justicia aprobó una iniciativa que limita la acumulación de penas por los delitos cometidos tras las elecciones de 2022 y que podría permitir al exmandatario ultraderechista acceder a un régimen más flexible en pocos años.
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La Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado de Brasil aprobó este miércoles un proyecto de ley que podría reducir de manera significativa las penas impuestas al expresidente Jair Bolsonaro y a otros implicados en la conspiración golpista posterior a las elecciones presidenciales de 2022. La iniciativa fue respaldada por 17 votos a favor y 7 en contra y ahora será tratada en el plenario de la Cámara alta, donde el oficialismo y la oposición anticipan un debate de alto voltaje político.
El texto aprobado introduce cambios clave en el régimen penal aplicable a los delitos contra el orden democrático. En concreto, impide la acumulación de penas por los crímenes de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y de golpe de Estado, al considerar que se trata de figuras penales similares. De este modo, solo se aplicaría la pena más grave, que en el caso del golpe de Estado prevé hasta 12 años de prisión.
Bolsonaro fue condenado en septiembre por la Corte Suprema a 27 años y tres meses de cárcel por su rol en el intento de quiebre institucional. De sancionarse la ley sin modificaciones, el exmandatario podría dejar el régimen cerrado en poco más de dos años, aunque seguiría cumpliendo restricciones como pernoctar en prisión y pasar fines de semana bajo custodia, según lo determine la Justicia.
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Durante el debate en comisión, legisladores oficialistas cuestionaron la iniciativa al considerar que interfiere en sentencias firmes del máximo tribunal y abre la puerta a beneficios para condenados por delitos graves. En respuesta a esas críticas, se incorporó una enmienda que limita el alcance del proyecto exclusivamente a los hechos vinculados a los actos golpistas de 2022 y al asalto a las sedes de los tres poderes del Estado ocurrido el 8 de enero de 2023 en Brasilia.
De avanzar el proyecto en el plenario sin cambios sustanciales, será enviado al presidente Luiz Inácio Lula da Silva para su promulgación. El mandatario ya anticipó que podría vetarlo, aunque el Congreso tiene la facultad de rechazar ese veto y convertir la ley en vigente. El desenlace de la votación será clave para el futuro judicial de Bolsonaro y para el debate sobre los límites entre el poder legislativo y las decisiones del Poder Judicial en Brasil.
Fuente: EFE
Foto: Archivo
