El Gobierno de Javier Milei oficializó la derogación del Decreto 715/2004, que había creado la «Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado». Esta decisión marca un giro significativo en la política de derechos humanos en Argentina, dado que la unidad estaba encargada de investigar casos de menores desaparecidos durante la última dictadura militar.
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La Unidad, establecida bajo la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), tenía como misión central asistir en las investigaciones relacionadas con la desaparición de niños durante el régimen militar, con la capacidad de acceder a archivos y documentos de organismos estatales, incluyendo aquellos pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Su creación fue vista en su momento como un paso esencial para la verdad y justicia en estos casos.
El decreto que elimina esta Unidad argumenta que la misma implicaba una delegación de facultades que, según la Constitución Nacional, son exclusivas del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. Se enfatiza que el acceso irrestricto a información confidencial sin la intervención de un juez constituía una violación al derecho a la intimidad y al debido proceso, pilares fundamentales del sistema judicial.
En la fundamentación de la derogación, el Gobierno de Milei cita precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sostienen la inconstitucionalidad de atribuir funciones jurisdiccionales a órganos administrativos. Se subraya que la investigación de delitos graves, como la desaparición forzada de personas, debe ser llevada a cabo exclusivamente por el Poder Judicial en coordinación con el Ministerio Público Fiscal para asegurar la imparcialidad y el respeto de los derechos fundamentales.
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La decisión generó una fuerte polémica en el ámbito político y entre organismos de derechos humanos, que ven en esta derogación un retroceso en la lucha por la memoria, verdad y justicia. Mientras tanto, el Gobierno sostiene que la medida es necesaria para ajustar el funcionamiento del Estado a los principios constitucionales y para garantizar que las investigaciones se realicen con la debida imparcialidad judicial.
Fuente: Noticias Argentinas.
Foto: El Litoral.
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