Avanzada la audiencia, de manera coincidente fiscales y querellantes pidieron el sobreseimiento de Alberto Gilardino “por el beneficio de la duda” por lo que se retiró de la Sala ante la confirmación de la jueza Moreno.
Finalmente, la magistrada resolvió la elevación a juicio de la investigación por presuntos sobreprecios en la provisión de víveres, agua mineral y elementos en general y que tiene en el banquillo de los acusados a ex funcionarios provinciales y, por el otro, a proveedores del Estado.
Los abogados defensores de dos de los imputados, Cecilia Sadava y Cristian Orsi, pidieron el sobreseimiento de sus asistidos, pero los acusadores se opusieron y en los próximos tres días la jueza resolverá al respecto.
El resto, los ex funcionarios públicos Marcelo Suárez, Diego Luters, Diego Correa, Leticia Huichaqueo y Vanina Varale, y los proveedores Estanislao Finiguerra, Marta Fracaso, Bruno Bilbao, Guillermo Yanguela y César Hugues, serán sometidos a juicio.
A poco de empezar la mitad de los imputados y sus abogados defensores se retiraron de la sala al haber convalidado la acusación, la descripción de los hechos investigados las imputaciones y no aportar nuevas pruebas para el juicio, además de estar de acuerdo con las pruebas que se debatirán.
Así la audiencia transcurrió con los defensores y sus respectivos imputados que aportaron nuevas pruebas o cuestionaron algunas de las dispuestas por los acusadores.
AGUA MINERAL
Para el defensor Jorge Rubeolo, que asiste a Cecilia Sadava -proveedora de agua mineral al Estado-, la imputada “no tuvo intención de estafar al Estado ya que contó con la acuerdo del comprador y que solo realizó un negocio comercial”, por lo que pidió el sobreseimiento de la comerciante.
Esta postura fue rechazada por los fiscales que rechazaron el concepto de “ganancia mínima porque fue del 200% en favor de la vendedora” y que “la compra fue direccionada”. De todas manera –dijo el fiscal Williams- “esas son cuestiones a debatirse en el juicio. Para que la cuestión se resuelva no alcanza con los dichos del defensor sino que el hecho deberá ser sometido a las pruebas de las partes”, destacó.
Los querellantes estuvieron de acuerdo con los argumentos de los fiscales. A raíz de su estado de embarazo, la imputada Sadava fue autorizada a abandonar la sala, tal como lo habían pedido por anticipado su abogado defensor.
PERITOS INFORMÁTICOS
El defensor Omar López rechazo a los testigos Guillermo Figueredo y Luis Raqueblave porque ya fueron peritos en otras causas relacionadas con la de la emergencia climática. Los testigos son peritos informáticos del Equipo Técnico Multidisciplinario (ETMs) dependiente de la Procuración General.
López argumentó que “es tan extremadamente voluminosa la información de ambos peritos que resulta imposible ser analizada, por lo que viola el legítimo derecho a la defensa. Los fiscales nunca dijeron cuáles eran las pruebas. Ya nos pasó en otros juicios donde tampoco fue separada la prueba de cargo. Afecta además a todos los imputados”, destacó López.
Los defensores Emilio Galende y Fabián Gabalachis indicaron además que las pruebas “no solo no se pudieron abrir. Tampoco se pudieron copiar”, aspecto que sorprendió al fiscal Williams por haberse enterado en la audiencia y no antes.
Los fiscales y querellantes se opusieron y la jueza Moreno resolvió que se dispongan de los medios para que esas pericias informáticas se puedan abrir, para luego determinar si esas pruebas son o no pertinentes.
MÁS OBJECIONES
Rodríguez cuestión al testigo propuesto por el defensor Omar López identificado como “Tito” Schliting.
Para el defensor Fabián Gabalachis “es difícil determinar las pruebas referidas a la salida de materiales, por lo voluminoso de las entregas a lo largo de la historia del local” del que es propietario su cliente, Estanislao Finiguerra que vendió colchones durante la emergencia. En este aspecto la jueza Moreno autorizó la presencia de testigos y documentación relacionada con la entrega de esos elementos.
El defensor Romano Cominetti pidió el sobreseimiento de Cristian Orsi, Jefe de Compras del Ministerio de la Familia del que creen los acusadores fue uno de los responsables del “direccionamiento” de las compras de botellas de agua mineral. Para Cominetti “Orsi no intervino en esa venta porque las pruebas en su contra no aparecen en la acusación”. Calificó a la audiencia como “un show jurídico” lo que mereció una reprimenda de la jueza Moreno que le pidió que esa expresión “al menos en mi audiencias no”.
Los conceptos de Cominetti merecieron la réplica del fiscal Rodriguez “que existe el grado de probabilidad de que Orsi haya participado en el direccionamiento de la compra del agua mineral y que en tal caso en el juicio se determinará si esas pruebas alcanza o no para determinar su culpabilidad”. Este último concepto fue calificado por Cominetti como un “latiguillo” por las consecuencias personales que implica ser sometida a juicio oral.
