En el marco de la causa por la emergencia climática en Comodoro Rivadavia, el fiscal Cristian Olazábal expresó su satisfacción con la resolución del tribunal, que acreditó la mayoría de los hechos imputados. Diez personas fueron declaradas culpables de fraude en perjuicio de la administración pública.
El fiscal señaló que los testimonios y documentos presentados fueron contundentes en demostrar trabajos inexistentes o sobrefacturados. La próxima etapa del juicio será el debate sobre la pena, donde se mantendrían las pretensiones punitivas originales, con penas de cumplimiento efectivo de hasta seis años de prisión.
Olazábal también mencionó la posibilidad de incorporar nuevas personas al proceso, incluyendo exfuncionarios municipales, dependiendo de los fundamentos del tribunal en la sentencia definitiva. Se destacó que el perjuicio económico a la ciudad ascendería a casi 900 mil dólares.
El juez Mariano Nicosia ordenó la elevación de actuaciones al Procurador General de Chubut para investigar la responsabilidad penal de otras personas. Dos de los acusados fueron sobreseídos por defectos procesales. Cristian Pérez, Roberto Monasterolo, Javier Morales, Cristian Lobos Rozas, Rubén Palomeque, Abel Boyero, Joaquín Mansilla, Rubén Sartori, Juan Lara y Marcelo Van Heerden fueron declarados penalmente responsables de fraude en perjuicio de la administración pública.
La investigación se inició a raíz de la tormenta denominada como «ciclón extra-tropical» que golpeó Comodoro Rivadavia del 29 de marzo al 9 de abril de 2017. Las lluvias de casi 400 mm provocaron severos daños en la ciudad, inundando calles y viviendas. El 5 de abril de 2017, el Consejo Deliberante de la localidad declaró la emergencia económica, social y administrativa, lo que le permitió al gobierno local contratar empresas de manera directa para la remoción del lodo dejado por la tormenta.
De la Espriella sostuvo que las Fuerzas Militares contarán con el respaldo del Estado y con el uso de la fuerza para enfrentar al crimen, en una estrategia orientada a recuperar la seguridad en todo el país.
La administración Trump sostiene que mantendrá la presión para forzar cambios políticos y económicos en Cuba, mientras el país atraviesa una profunda crisis económica y humanitaria.