El Gobierno envió este martes a la Cámara de Diputados un proyecto que propone reducir la edad de imputabilidad a 13 años y establece un nuevo Régimen Penal Juvenil. Esta iniciativa, que fija una pena máxima de 20 años y prohíbe la reclusión perpetua, busca responsabilizar a los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal.
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El proyecto fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Justicia Mariano, Cúneo Libarona, y de Seguridad, Patricia Bullrich. Esta medida se tomó en respuesta al aumento de delitos cometidos por jóvenes menores de 16 años, la edad mínima establecida en el actual régimen penal.
El oficialismo argumenta que la reducción de la edad de imputabilidad es necesaria debido a que “los delitos cometidos por menores de 16 años quedan impunes. Esta circunstancia genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general. Es imperativo que nuestro sistema legal asegure que aquellos que cometen delitos sean responsables por sus acciones”.
El proyecto deberá ser analizado por las comisiones de Legislación Penal y de Justicia, conducidas por Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba) y Manuel Quintar (LLA-Jujuy), respectivamente. Sin embargo, se anticipa que el debate no será sencillo debido a las divisiones dentro del Congreso Nacional sobre este tema.
El régimen penal propuesto se aplicará a adolescentes desde los 13 hasta los 18 años imputados por delitos tipificados en el Código Penal. Establece que no se podrá imponer a un menor una pena de reclusión perpetua, siendo el máximo de prisión de 20 años. No obstante, si la escala penal fuera más elevada debido a la concurrencia de varios hechos independientes, la pena podría aumentar proporcionalmente.
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno señala que “la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada”.
El oficialismo destaca que la actual Ley N° 22.278, sancionada en 1980, “no responde a los principios reconocidos en la Constitución Nacional y en la legislación internacional, respecto del menor que ha infringido la ley penal”. Por ello, consideran indispensable sancionar una nueva ley que regule esta materia e incorpore los principios adecuados a la realidad social actual.
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El Gobierno subraya que desde la sanción de la ley penal juvenil “el mundo, nuestra realidad, los adolescentes, su actuación y la comprensión de la criminalidad de sus actos han sufrido grandes cambios, lo que trae aparejada la necesidad imperiosa de practicar una reforma legislativa que se corresponda con la situación actual de los adolescentes – muchos de los cuales han sido incorporados a bandas criminales – y con las necesidades de la sociedad”.
Fuente: Noticias Argentinas.
Foto: Ámbito.
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