El caso, ocurrido en un centro de Suraia, expone prácticas de extrema crueldad y reabre el debate sobre la gestión de animales sin dueño en Rumanía, donde se estima que se sacrificaron 1,5 millones de perros en 25 años.
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Un nuevo escándalo sacude a Rumanía tras revelarse la muerte de unos 15.000 perros callejeros en apenas dos años en una perrera privada ubicada en Suraia. El caso, que ya es investigado por la Justicia, pone bajo la lupa un sistema cuestionado por organizaciones animalistas y dirigentes políticos, que denuncian maltrato sistemático y posibles irregularidades en el uso de fondos públicos.
La indignación creció luego de la difusión en redes sociales de imágenes que muestran escenas de extrema violencia, con animales torturados y abandonados hasta morir. El centro ya fue clausurado, mientras avanza la investigación para determinar responsabilidades penales. En el país, el maltrato animal puede ser castigado con penas de hasta siete años de prisión.
Según trascendió, la perrera firmó más de un centenar de contratos con municipios para la captura de perros callejeros y, con el objetivo de liberar espacio, sacrificaba rápidamente a cerca del 80% de los animales recibidos. Esta práctica contrasta con la legislación vigente, que establece que la eutanasia debe ser el último recurso y solo aplicarse bajo condiciones estrictas.
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El caso vuelve a poner en agenda un problema estructural que se remonta a la época comunista, cuando la urbanización masiva dejó a miles de animales abandonados. Desde entonces, las políticas públicas han oscilado entre la captura, la esterilización y el sacrificio, sin lograr controlar una población que aún ronda el medio millón de perros sin dueño.
Un informe parlamentario reciente denunció graves irregularidades en refugios de todo el país, incluyendo condiciones extremas de abandono, falta de agua y malnutrición. Además, el documento sostiene que en los últimos 25 años se habrían destinado más de mil millones de euros para sacrificar aproximadamente 1,5 millones de perros, un modelo que, según los críticos, incentiva la eliminación en lugar de la prevención.
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Organizaciones de protección animal reclaman un cambio de paradigma basado en campañas masivas de esterilización, registro con microchip y promoción de la adopción. “La solución no es capturar y matar, sino prevenir el problema”, sostienen activistas, que impulsan reformas urgentes en el sistema.
Mientras tanto, una petición con más de 200.000 firmas exige el cierre definitivo de centros de exterminio y mayores controles estatales. El caso de Suraia, aseguran, no sería un hecho aislado, sino el reflejo de una problemática estructural que aún no encuentra solución.
Fuente y foto: EFE
