El tribunal mixto le impuso dos años y seis meses de prisión condicional y cinco años de inhabilitación para ejercer como enfermero. El hecho ocurrió en el Hospital Zonal de Esquel.
Un enfermero de apellido Villarroel fue condenado en Esquel por la sustracción de morfina del Hospital Zonal. El tribunal mixto resolvió imponerle una pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, además de las costas y accesorias legales.
La sentencia también estableció una inhabilitación especial por cinco años para ejercer como enfermero, equivalente al doble del tiempo de la condena. Para definir la pena, los jueces tuvieron en cuenta distintos agravantes expuestos durante el juicio por el fiscal Fidel González.
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Entre los aspectos considerados estuvo la naturaleza del medicamento sustraído. La morfina es un opiáceo de disponibilidad restringida utilizado principalmente en situaciones de urgencia, por lo que su sustracción afectó las reservas destinadas a la atención de pacientes del sistema público de salud.
El tribunal también valoró la posición que ocupaba Villarroel dentro del hospital. El condenado tenía más de tres décadas de trayectoria en el área de salud y conocía el funcionamiento de la guardia, los lugares donde se almacenaba el medicamento y las rutinas del personal. Durante el debate, incluso había definido a ese sector como “su casa”.
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Otro de los agravantes fue que la conducta se produjo en dos oportunidades en un período breve. De acuerdo con lo expuesto durante el juicio, el acusado llegó a revisar las pertenencias de una compañera para encontrar las llaves del lugar donde se guardaba la morfina.
Como único elemento favorable, los magistrados tuvieron en cuenta que Villarroel no registraba antecedentes penales. Al fundamentar la condena, remarcaron además que los funcionarios públicos que cometen delitos en el ejercicio de sus funciones deben recibir una respuesta sancionatoria acorde con la gravedad de esa conducta.
La resolución fue dictada por un tribunal integrado por los vocales populares Emiliano García y Celestina Farías, junto con los jueces técnicos Martín O’Connor, José Luis Ennis y Jorge Novarino. Los magistrados señalaron que la inhabilitación busca prevenir nuevos hechos y proteger los insumos considerados críticos para el funcionamiento de la salud pública.
Con información del Ministerio Público Fiscal.
