La zona más afectada es el estado costero de La Guaira, declarado oficialmente como “zona de desastre”. Allí decenas de edificios colapsaron o sufrieron graves daños estructurales, dejando a numerosas familias atrapadas entre los escombros.
Además, planteó que la decisión debería reflejar la voluntad de los vecinos respecto al destino de esos activos y las instituciones que podrían administrarlos.
Con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la UCR y legisladores alineados con distintos gobernadores provinciales, el oficialismo consiguió sancionar el acuerdo dentro de los tiempos previstos y reforzó su capacidad para avanzar con otros proyectos económicos.
Según medios venezolanos, no se registraron víctimas fatales hasta el cierre de esta edición, aunque continúan las evaluaciones de daños. El último terremoto de magnitud similar en Venezuela ocurrió en 2018, cuando un sismo de 7,3 grados en el estado Sucre.