Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmaron este martes en Nueva York un nuevo acuerdo de seguridad que amplía la presencia militar estadounidense en la isla y habilita la creación de nuevas instalaciones. El pacto fue suscripto por Donald Trump, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, durante la Asamblea General de la ONU.
El acuerdo modifica y amplía el marco establecido por un pacto de defensa firmado entre Estados Unidos y Dinamarca en 1951. El texto mantiene el reconocimiento de la soberanía danesa sobre Groenlandia y establece nuevas condiciones para el despliegue militar y el acceso estadounidense al territorio, el espacio aéreo y las aguas de la isla.
Uno de los principales puntos contempla ampliar la actual base espacial de Pituffik, ubicada en el extremo norte de Groenlandia, y establecer instalaciones militares adicionales en Narsarsuaq, en el sur, y Mestersvig, en la costa oriental. Narsarsuaq albergó anteriormente una base estadounidense, mientras que Mestersvig es utilizado actualmente por una unidad danesa.
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El acuerdo también establece mecanismos para impedir que países ajenos a la OTAN instalen bases militares o desarrollen determinadas inversiones estratégicas en Groenlandia sin el consentimiento de las partes. La medida está vinculada con el interés de Estados Unidos y sus aliados en limitar la presencia de otros actores en una región considerada estratégica para la defensa del Ártico.
Trump sostuvo ante la Asamblea General de la ONU que el convenio permitirá a Estados Unidos contar con capacidad para defender el continente americano y otros territorios aliados. El presidente estadounidense había planteado previamente la posibilidad de que Washington tomara el control de Groenlandia, una iniciativa que generó tensiones con Dinamarca y las autoridades groenlandesas.
Frederiksen y Nielsen remarcaron, en cambio, que el acuerdo respeta la integridad territorial del Reino de Dinamarca y la autodeterminación de Groenlandia. El pacto no establece una fecha de vencimiento y contempla que sus disposiciones de seguridad continúen vigentes incluso ante un eventual cambio en el estatus político de la isla.
