La Justicia Federal imputó al responsable de un predio rural en Arroyo Leyes por reducir a la servidumbre a 45 trabajadores, entre ellos dos menores de edad. Vivían en condiciones inhumanas.
La Unidad Fiscal de Santa Fe imputó y logró la prisión preventiva por 150 días para un joven de 25 años, acusado de trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre. El imputado, identificado como F.P., dirigía un establecimiento de cultivo de frutillas en la localidad de Arroyo Leyes, a 23 kilómetros de la capital santafesina, donde se rescataron 45 trabajadores, entre ellos dos menores.
El operativo se realizó tras la denuncia de un trabajador chaqueño que alertó sobre las condiciones de hacinamiento y explotación. Según la investigación, las víctimas —en su mayoría migrantes internos— dormían en galpones de chapa con piso de tierra, sin agua potable ni baños, y trabajaban desde la madrugada con linternas, sometidas a largas jornadas laborales y maltratos.
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La fiscal Milagros Traverso describió durante la audiencia que el acusado “captó, trasladó y acogió a personas en situación de extrema vulnerabilidad con la finalidad de reducción a servidumbre”. El fiscal Walter Rodríguez, por su parte, señaló que las condiciones detectadas implicaban “una afectación grave a la dignidad humana y a los derechos laborales básicos”.
El juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz ordenó además el secuestro de teléfonos, una computadora, armas y dinero, y dio intervención al Ministerio Público de la Acusación por el hallazgo de 12 armas de fuego y marihuana en el predio.
El caso fue investigado junto a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), el RENATRE, la UATRE y organismos provinciales de derechos humanos, que brindaron asistencia a las víctimas. Según la fiscal Traverso, “las pruebas son contundentes y acreditan una organización que lucraba con la explotación laboral de trabajadores rurales”.
