La investigación sostiene que ofrecían préstamos con intereses usurarios y luego amenazaban a las víctimas con armas de fuego para obligarlas a entregar viviendas, vehículos y otros bienes. La Fiscalía no descarta que existan más damnificados.
La Justicia le dictó prisión preventiva por 6 meses a dos hombres, de 57 y 43 años, acusados de integrar una presunta organización dedicada a otorgar préstamos informales con intereses usurarios y utilizar amenazas, extorsiones y violencia para apropiarse de bienes de personas en situación de vulnerabilidad económica.
La investigación es encabezada por la fiscal Ivana Berazategui y el funcionario de Fiscalía Cristian Coto, quienes realizaron una serie de allanamientos en Puerto Madryn que permitieron avanzar sobre una causa que, según indicaron, podría involucrar a más personas y sumar nuevas víctimas.
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En diálogo con Radio 3, Berazategui explicó que la investigación comenzó a partir de dos denuncias independientes, realizadas por personas que no tenían ningún vínculo entre sí, pero que describieron un mismo mecanismo de actuación.
«Nos encontramos con un modus operandi de características similares en ambas denuncias. En principio, entendemos que actuaban como una asociación ilícita dedicada a otorgar préstamos y luego exigir el pago mediante intereses excesivos. Cuando las víctimas no podían afrontar alguna cuota, comenzaban las amenazas, el hostigamiento y las extorsiones para quedarse con sus bienes», afirmó la fiscal.
Uno de los casos investigados involucra a un hombre que solicitó un préstamo de 400 mil pesos. Según la Fiscalía, la deuda fue incrementándose de manera desproporcionada hasta alcanzar los 20 millones de pesos.
En ese contexto, los imputados habrían obligado a la víctima a firmar un poder para vender su vivienda bajo amenazas de muerte.
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«Le dijeron: ‘Firmás el poder para vender tu casa o no volvés más’. Lo intimidaron con un arma de fuego y le hicieron creer que le iban a disparar si no aceptaba. Es una situación extremadamente grave», sostuvo Berazategui.
La fiscal agregó que incluso se había firmado un boleto de compraventa del inmueble por un valor muy inferior al de mercado, aunque la operación fue frenada por la intervención judicial y no llegará a concretarse.
El segundo hecho tiene como víctima a un hombre que había solicitado un préstamo de un millón de pesos.
Según la investigación, cuando manifestó que vendería su camioneta para cancelar la deuda, uno de los acusados le pidió ver el vehículo y terminó llevándoselo con la excusa de comercializarlo.
«Le sacaron la camioneta y después le decían que el vehículo no estaba en condiciones, mientras continuaban reclamándole el pago de la deuda. Es decir, le quitaron el bien y además seguían exigiéndole dinero», explicó la fiscal.
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Para la Fiscalía, existen elementos suficientes para sostener que los imputados actuaban de manera organizada y habitual.
Durante los allanamientos se secuestró documentación y otros elementos que, según Berazategui, fortalecen la hipótesis de que realizaban préstamos informales de manera permanente y no se descarta que puedan surgir nuevas víctimas.
«Ahora comienza una etapa de investigación más extensa porque cada entrevista y cada evidencia nos lleva a nuevas situaciones que debemos analizar. No descartamos que existan otros partícipes ni más víctimas», indicó.
De acuerdo a los datos recabados, uno de los imputados posee antecedentes penales en Puerto Madryn y Trelew. Además, se estima que la operatoria investigada habría comenzado, al menos, durante 2025.
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La fiscal remarcó que ambas víctimas atravesaban serias dificultades económicas y recurrieron a préstamos por montos relativamente bajos, imposibles de obtener en entidades financieras tradicionales.
«Se aprovechaban de personas vulnerables, que necesitaban dinero de manera urgente. Les prestaban sumas pequeñas y luego, mediante intereses desmedidos y amenazas, intentaban quedarse con lo poco que tenían», expresó.
Finalmente, Berazategui pidió que cualquier persona que haya atravesado una situación similar se acerque a la Fiscalía.
«Queremos decirles que no tengan miedo. Vamos a investigar cada denuncia. No podemos permitir que personas en situación de vulnerabilidad sean víctimas de este tipo de maniobras. Es fundamental que quienes hayan sufrido hechos similares se animen a denunciar para poder avanzar con la investigación», destacó la fiscal.
