sábado 15 agosto 2026

Fentanilo y 63 muertes: los chats que complican a exfuncionarios de la ANMAT

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Actualizado: 03:05 15/08 | downtack.com

La investigación judicial reconstruyó una cadena de advertencias, inspecciones y decisiones demoradas alrededor del laboratorio que produjo el fentanilo contaminado. Según los documentos incorporados a la causa, las autoridades sanitarias conocían las irregularidades antes de que se confirmaran públicamente las muertes.

El caso se remonta a 2024, cuando una inspección detectó graves deficiencias en Laboratorios Ramayo. Los informes técnicos posteriores recomendaron impedir la producción y retirar medicamentos del mercado, pero las medidas no se concretaron de manera efectiva.

Los chats judicializados también muestran reuniones y comunicaciones entre funcionarios de la ANMAT, el INAME y representantes del laboratorio. La Justicia investiga si existió una conducta deliberada para evitar la suspensión de la producción pese a las advertencias técnicas.

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Uno de los mensajes que quedó bajo análisis corresponde a una funcionaria que, frente a la posibilidad de retirar los productos distribuidos, escribió: “Es un montón de guita que está en la calle”. También aparecen conversaciones en las que se habría advertido anticipadamente sobre inspecciones oficiales.

El lote 31.202 comenzó a comercializarse a fines de enero de 2025 y la primera aplicación con resultado fatal se registró el 8 de febrero. La prohibición de producción se firmó dos días después, pero, según la investigación, no fue publicada ni tuvo efectos inmediatos. El 22 de abril se confirmó oficialmente la vinculación del lote con eventos adversos y para entonces ya se contabilizaban 63 muertes.

La causa también intenta determinar qué conocimiento tenía el Ministerio de Salud y, particularmente, el ministro Mario Lugones sobre las irregularidades y las decisiones adoptadas. Las exfuncionarias Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó fueron detenidas, indagadas y posteriormente liberadas bajo fianzas de 75 millones de pesos. Ahora la Justicia deberá establecer qué sabía cada funcionario, cuándo lo supo y si las demoras tuvieron consecuencias penales.

FUENTE: NA.

IMÁGEN: NA.

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