El máximo tribunal argentino finaliza su participación en la causa por daños ambientales en la cuenca Matanza-Riachuelo tras la aprobación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina ha decidido poner fin a su intervención en el caso por la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, un proceso que se extendió por dos décadas. La resolución se da en el contexto de la causa «Mendoza» contra el Estado Nacional, que buscaba reparaciones por daños derivados de la contaminación ambiental. Según el máximo tribunal, su papel ha culminado con la aprobación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) y la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), entes fundamentales para la gestión y remediación del daño ambiental.
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En su resolución, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti señalaron que la intervención de la Corte cumplió con el objetivo de generar una reforma estructural necesaria para alinear la actividad del Estado con los principios constitucionales. «Este tipo de procesos se consideran culminados desde la perspectiva de la actuación de este Tribunal, una vez que se han definido claramente las metas a cumplir y se ha establecido el órgano a cargo de su instrumentación», afirmaron los magistrados.
El caso tuvo su inicio el 14 de julio de 2004, cuando 17 personas presentaron una demanda de recomposición y, en caso de que esto no fuera posible, de indemnización por el daño ambiental colectivo causado por la contaminación en la cuenca del río Matanza-Riachuelo. La acción legal fue dirigida contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas, demandando tanto la recomposición del ambiente dañado como la reparación de daños particulares sufridos.
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El 20 de junio de 2006, la Corte delimitó las pretensiones y centró la atención en la recomposición del medio ambiente, dejando de lado la reparación económica. Posteriormente, el 28 de agosto de 2006, las autoridades de distintos niveles de gobierno firmaron un acuerdo para apoyar la creación de la ACUMAR. A lo largo de los años, la Corte ha monitoreado el cumplimiento de sus decisiones y ha convocado audiencias públicas para evaluar el avance de las acciones emprendidas.
Finalmente, en su última resolución, la Corte destacó que su intervención ha permitido romper el statu quo y facilitar la creación de herramientas normativas e institucionales necesarias para remediar el daño ambiental. La creación de la ACUMAR y la aprobación del PISA son considerados hitos fundamentales en este proceso, asegurando así un futuro más sostenible para la cuenca.
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La Corte Suprema enfatizó que «la intervención ha cumplido su propósito de generar la reforma estructural que resultaba imprescindible para alinear la actividad del Estado con los principios y derechos consagrados en la Constitución». La finalización de esta intervención representa un paso significativo en la lucha por la recuperación y preservación del medio ambiente en Argentina.
Fuente: Noticias Argentinas
Foto: Perfil
