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La Justicia de Rawson finalizó la audiencia preliminar en la investigación contra el secretario general del gremio, Guillermo Quiroga, por presunta administración fraudulenta de fondos sindicales. La jueza Eve Ponce deberá resolver ahora los planteos de las partes.
La Oficina Judicial de Rawson fue escenario este lunes de la audiencia preliminar al juicio oral y público que tiene como imputado al secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Guillermo Quiroga. El dirigente está acusado de defraudación por administración fraudulenta, en modalidad de delito continuado, en perjuicio de la entidad sindical.
Durante la audiencia, la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública, encabezada por el fiscal general jefe Lucas Agustín Papini y acompañado por el procurador de Fiscalía Sebastián Soverchia, presentó su acusación y ofreció las pruebas que pretende utilizar durante el eventual debate. La evidencia incluye documentación, testimonios, informes y pericias.
Según la investigación, Quiroga habría transferido fondos pertenecientes al gremio hacia cuentas personales para afrontar gastos vinculados a su grupo familiar. La pesquisa se inició a partir de una denuncia presentada por la entonces secretaria de Finanzas de ATE, Claudia Barrionuevo, y posteriormente se incorporaron otros afiliados como querellantes.
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Uno de los principales ejes de la investigación fue el análisis de movimientos bancarios realizados desde 2019, cuando Quiroga asumió la conducción del sindicato, hasta fines de 2023, período en el que se formalizó la denuncia. Contadores del Equipo Técnico Multidisciplinario de la Procuración General analizaron una importante cantidad de información financiera. Parte de esas pericias fue cuestionada por la defensa, mientras que el Ministerio Público Fiscal sostuvo su validez.
Durante la audiencia, los fiscales también rechazaron los planteos de nulidad formulados por la defensa y solicitaron que se reduzca parte de la prueba ofrecida al considerar que resulta sobreabundante o no guarda relación con los hechos investigados. Los afiliados que actúan como querellantes estuvieron representados por los abogados Danilo Sepúlveda y Alejandro Castillo, quienes coincidieron con los planteos realizados por la Fiscalía.
Con la audiencia preliminar concluida, la jueza de Garantías Eve Ponce deberá analizar los planteos y resolver dentro del plazo establecido por el Código Procesal Penal. Su decisión será clave para determinar qué pruebas quedarán habilitadas para un eventual juicio oral y público contra el dirigente de ATE.
Con información del Ministerio Público Fiscal.
