El conflicto por el financiamiento universitario sumó este viernes un nuevo capítulo con una audiencia judicial entre representantes del Gobierno nacional y rectores de universidades públicas. El encuentro fue encabezado por el juez Martín Cormick, del fuero Contencioso Administrativo Federal.
La reunión había sido solicitada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y contó con la conformidad del Gobierno. Participaron representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, quienes expusieron sus posiciones frente al incumplimiento de la Ley 27.795.
El magistrado no tomó una decisión de fondo, sino que recibió los planteos de ambas partes. Las posiciones quedaron asentadas en un acta firmada por los participantes, mientras continúa el proceso judicial para determinar los alcances de la normativa.
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El conflicto se originó luego de que el Gobierno condicionara la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario mediante el Decreto 759/25. La norma había sido vetada por el presidente Javier Milei, pero posteriormente fue ratificada por el Congreso tras el respaldo de ambas cámaras.
La Ley 27.795 contempla actualizaciones salariales para trabajadores universitarios y la recomposición de programas de asistencia estudiantil, entre ellos las becas Progresar. Ante la falta de aplicación, el CIN y gremios docentes impulsaron un amparo colectivo que llegó hasta la Corte Suprema.
En junio, la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que obliga al Estado nacional a aplicar dos artículos vinculados con salarios y programas estudiantiles. Mientras la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal avanza hacia una resolución definitiva, el conflicto entre las universidades y el Gobierno continúa abierto.
FUENTE: TN.
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