Un fiscal independiente solicitó la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol, quien fue destituido en abril pasado, por su decisión de imponer la ley marcial en diciembre de 2024, según informó el Tribunal del Distrito Central de Seúl. Los cargos más graves apuntan a que Yoon habría liderado una rebelión durante su breve mandato bajo el decreto.
El fiscal Cho Eun-suk presentó la solicitud ante el tribunal en una audiencia celebrada el martes, argumentando que las acciones del expresidente representaron una amenaza directa al orden constitucional del país. Se espera que el tribunal emita un veredicto sobre el caso durante febrero, en medio de una tensión política creciente.
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Yoon Suk Yeol, por su parte, defendió su decreto asegurando que se trató de un intento desesperado, pero pacífico, de alertar a la población sobre lo que consideraba maniobras obstructivas del opositor Partido Democrático liberal, que controlaba el Parlamento y bloqueaba su agenda de gobierno. El expresidente calificó al Legislativo como “un nido de criminales” y “fuerzas antiestatales”.
Sin embargo, la medida generó un rechazo inmediato incluso dentro de su propio partido. Legisladores del bloque oficialista lograron ingresar a la sala de la asamblea y votar en contra del decreto, impidiendo la consolidación de la ley marcial. El episodio quedó marcado como uno de los momentos más dramáticos de su gestión, y ahora es eje central del proceso judicial que enfrenta.
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El caso de Yoon no solo pone al exmandatario en el centro de un debate judicial histórico, sino que también reaviva la discusión sobre los límites del poder ejecutivo en Corea del Sur y la aplicación de penas extremas en situaciones de alteración del orden público. Observadores internacionales siguen de cerca la evolución del juicio y sus posibles repercusiones políticas y legales.
Fuente: AP.
