La causa, que se extendió durante más de un año, será cerrada con un pedido de sobreseimiento que será tratado en una audiencia prevista para el 26 de marzo.
El fiscal de la Comarca Andina, Nicolás Vasiliev, confirmó que la investigación por presuntas irregularidades en el área de Servicios Públicos no encontró elementos suficientes para sostener una acusación penal contra los funcionarios Marcelo Mamolitti y Mauro Palma. La causa, que se extendió durante más de un año, será cerrada con un pedido de sobreseimiento que será tratado en una audiencia prevista para el 26 de marzo.
La investigación se había iniciado a partir de una denuncia presentada por la Secretaría de Infraestructura del Gobierno Provincial, encabezada por el secretario Hernán Tortola, que advertía posibles irregularidades en la contratación de servicios con empresas vinculadas a los funcionarios. Durante la pesquisa se analizaron documentos, contratos y movimientos financieros relacionados con esas operaciones.
En diálogo con Radio 3, el fiscal explicó que si bien se acreditó la existencia de vínculos entre los funcionarios y algunas empresas, no se pudo demostrar que esos contratos se hubieran direccionado en beneficio propio. “Después de analizar toda la prueba, no encontramos elementos que permitan entender que ellos pertenecían a la empresa y habían direccionado ese contrato en favor de ellos”, señaló Vasiliev.
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Uno de los puntos investigados fue la relación con la empresa Ingenio, que mantenía vínculos con la compañía de energía Transacue S.A..Según detalló el fiscal, se comprobó que existían contratos y relaciones comerciales, pero no que esas gestiones hubieran sido realizadas en función del cargo público. “El análisis del delito de negociaciones incompatibles exige que esa relación se haya producido en razón de su función. En este caso no pudimos acreditar que hayan direccionado ese contrato aprovechando su rol”, explicó.
La causa también analizó la actividad de la firma NET42, vinculada a la prestación de servicios de internet y al uso de postes del sistema de alumbrado público. Sobre este punto, Vasiliev indicó que tampoco se detectó un beneficio personal o irregular. “Se verificó la existencia de contratos y relaciones comerciales, pero la contraprestación estaba destinada al propio servicio público, por ejemplo con provisión de internet y combustible para móviles”, precisó.
Finalmente, el fiscal sostuvo que la decisión de solicitar el sobreseimiento responde a un criterio de objetividad del Ministerio Público. “La decisión más coherente, profesionalmente, era solicitar el sobreseimiento. La investigación duró más de un año y, al no poder acreditar el delito, corresponde cerrar esta etapa”, afirmó. No obstante, adelantó que algunos elementos detectados serán remitidos a la Fiscalía Especializada en Delitos de Administración Pública para profundizar otras posibles líneas de investigación.
