En los alegatos finales del juicio por la muerte de Samy, Lupe y Manija, la fiscalía sostuvo que C.R. colocó deliberadamente cebos con carbofurán, mientras que la defensa pidió su absolución y la querella reclamó una condena de 5 años.
La Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Derecho Animal (UFE AyDA) presentó ante la jueza Eve Ponce su alegato final en el juicio que investiga la muerte de tres perros en el barrio La Isla de Rawson, ocurrida el 1 de marzo de 2025. Según la acusación, C.R. arrojó en un baldío embutidos preparados con carbofurán, un plaguicida prohibido en el país desde 2018, con el objetivo de que los animales lo ingirieran.
Para sostener la autoría del hecho, la fiscalía se apoyó en registros de cámaras públicas y privadas, análisis de antenas telefónicas y testimonios de vecinos que ubicaron a C.R. en el lugar y horario del envenenamiento. A esto se sumó la prueba toxicológica: el carbofurán fue hallado tanto en el embutido utilizado como cebo como en el contenido gástrico y la sangre de los tres perros, en concentraciones que, según una especialista del Hospital Posadas, superaban en unas 20 veces la dosis letal media.
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La querella, a cargo de Romano Cominetti en representación del propietario de los animales, calificó como «argumentos de fantasía» la versión de C.R. y pidió una pena de 5 años. El defensor Pablo Sánchez, en cambio, cuestionó que la investigación se haya centrado en una sola hipótesis: «Es solo una presunción, un indicio, que no alcanza para determinar la autoría en este caso», sostuvo, y solicitó la absolución de su asistido.
Durante el debate, el defensor también planteó dudas sobre que las cámaras no hayan registrado a los perros comiendo el cebo ni al propietario buscándolo, y remarcó que no existían conflictos previos entre C.R. y los vecinos del predio. Por su parte, Alan Martini, dueño de los animales, pidió que se conozca la verdad y que no se minimice el hecho por tratarse de mascotas.
Con los alegatos ya expuestos, la jueza Eve Ponce se tomará el plazo que establece la ley para dar a conocer su resolución, que será comunicada a las partes de manera virtual.
Con información del Ministerio Público Fiscal.
