Foto: Ministerio Público Fiscal Chubut.
El procurador General Adjunto en lo Penal y Contravencional de Chubut habló con la prensa y se refirió a las pruebas contra el exfuncionario.
El procurador General Adjunto en lo Penal y Contravencional de Chubut, Matías Froment, brindó este martes nuevas precisiones sobre la investigación que involucra al exfuncionario provincial Gonzalo Carpintero por un presunto intento de coima destinado a generar un conflicto gremial y frenar el inicio de clases en la provincia. Se trata de una continuidad del caso que ya había tomado estado público y que ahora suma detalles clave desde el Ministerio Público Fiscal.
“Por el momento es una investigación preliminar”, aclaró Froment ante la prensa, y explicó que la intervención de la Unidad Especializada en Delitos contra la Administración Pública se activó tras una denuncia escrita presentada por el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Trelew, José Severiche. Según el relato, recibió el llamado de un empresario que le transmitió que Carpintero quería reunirse con él.
De acuerdo a la denuncia, en ese encuentro —del que también habrían participado otros empresarios— se le habría solicitado que promoviera un conflicto gremial para impedir el inicio normal del ciclo lectivo previsto para el 23 de febrero. “Lo importante es que hay varias personas que pueden dar fe de este encuentro y lo que sucedió”, sostuvo Froment, al referirse a la existencia de testigos y registros fílmicos.
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El funcionario judicial detalló que “las cámaras de seguridad que rodeaban las oficinas demuestran, hasta ahora, los dichos del denunciante”. En función de esos elementos y otras pruebas reunidas, los fiscales solicitaron allanamientos y el secuestro de teléfonos celulares, medidas que fueron autorizadas por una jueza de Trelew. “Tenemos que avanzar y seguir hasta ver qué surge de esta nueva prueba que fue secuestrada”, agregó.
Consultado sobre la posible calificación legal, Froment indicó que aún es prematuro hablar de imputaciones concretas, aunque mencionó que podría analizarse la figura de cohecho u otros delitos contra la administración pública. “Estamos en una etapa preliminar y hasta que no se haga la audiencia de apertura de la investigación, todo es previo. Podría estar comprometido el normal funcionamiento de la administración pública y de un servicio público esencial como es la educación”, afirmó.
Finalmente, el procurador subrayó que la investigación se llevará adelante “con el deber de objetividad, más allá de las cuestiones políticas de fondo”, y aseguró que si del análisis de los celulares u otras pruebas surgen indicios de participación de terceros, se avanzará “con el mismo rigor”.
