El Gobierno iniciará esta semana el tratamiento de un proyecto que busca tipificar nuevos delitos y aumentar las penas de los existentes. La iniciativa será un primer paso antes de la reforma integral del Código Penal de la Nación.
El proyecto incorpora un criterio de interpretación “pro-víctima”, que obliga a los jueces a fallar en favor de quienes sufren delitos y establece la participación obligatoria de la víctima en decisiones clave, como la suspensión del juicio a prueba.
En materia de delitos migratorios, se prevé castigar el ingreso y la permanencia ilegal de extranjeros, el tráfico ilegal y el fraude migratorio, con penas que van de uno a veinte años de prisión. Se endurecen además las sanciones por reincidencia, asociación ilícita y tráfico con fines de trata de personas.
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El texto introduce medidas para delitos económicos y contra la propiedad. Se tipifican modalidades como la “viuda negra”, las “salideras”, las “entraderas” y los “motochorros”, con penas de hasta doce años y agravantes en casos de violencia, engaño o vulnerabilidad de la víctima. También se incluyen sanciones más severas por estafas piramidales.
El proyecto contempla además la protección de menores y animales. Se endurecen las penas por grooming, abuso sexual infantil y producción o distribución de material sexual con menores, y se establece un título específico sobre maltrato y crueldad animal.
Otros cambios incluyen sanciones por incumplimiento de deberes familiares y la tenencia de armas en establecimientos penitenciarios. El objetivo del Gobierno es implementar estas reformas de manera ágil, mientras se trabaja en la versión completa de la reforma del Código Penal.
FUENTE: Infobae.
IMÁGEN: Infoabe.
