Más de 65.000 personas se movilizaron en todo el país para denunciar la falta de avances en la investigación y exigir justicia por las 57 víctimas del peor accidente de tren en su historia.
A tres años del fatídico 28 de febrero de 2023, una ola de indignación recorrió Grecia de punta a punta. En Atenas, unas 40.000 personas se concentraron frente al Parlamento al grito de «asesinos», en una jornada marcada por la paralización total de trenes y ferries. La conmemoración derivó en disturbios cuando grupos de manifestantes se enfrentaron a la policía con cócteles molotov, recibiendo como respuesta gases lacrimógenos y granadas aturdidoras.
El epicentro del dolor se situó en el valle de Tempe, lugar donde el choque frontal entre un tren de pasajeros y uno de carga segó 57 vidas. Allí, familiares y allegados depositaron flores blancas sobre las vías, mientras Pavlos Aslanidis, presidente de la Asociación de familias de las víctimas, denunciaba ante la multitud un «intento de tapar» las responsabilidades políticas y técnicas que permitieron la catástrofe.
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La gestión del Gobierno de Kyriakos Mitsotakis sigue bajo la lupa. Aunque el primer ministro reconoció este sábado la existencia de «lagunas y errores» estatales, la sociedad civil y organismos internacionales como la Fiscalía Europea señalan que la tragedia era evitable. Las críticas apuntan a una red ferroviaria obsoleta y a un sistema de señalización que no fue modernizado a tiempo pese a contar con fondos de la Unión Europea.
Mientras la tensión crece en las calles, la mirada se posa ahora en el ámbito judicial. El próximo 23 de marzo se iniciará el juicio contra unas cuarenta personas, incluido el jefe de estación de aquella noche. Sin embargo, el reclamo social persiste con fuerza: las familias exigen que la justicia alcance también a los altos mandos gubernamentales procesados, quienes hasta el momento no han comparecido ante los tribunales.
Con información de RFI.
