La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre «una inminente ruptura del orden constitucional» en Guatemala, debido a las actuaciones «arbitrarias» del Ministerio Público contra el proceso electoral, que provocó «una grave crisis política e institucional».
El organismo acusó al Ministerio Público de intentar evitar la toma de posesión del presidente electo, Bernardo Arévalo, quien compartió su preocupación por los riesgos de un golpe de Estado.
«La CIDH advierte que la instrumentalización del sistema de justicia y el derecho penal en Guatemala, desde el inicio del proceso electoral, han puesto de manifiesto el ejercicio indebido y arbitrario del poder con fines político-electorales por parte del Ministerio Público», dice el comunicado del organismo, difundido anoche.
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Recalcó que el sistema de controles y contrapesos del Estado de derecho, es decir, la división de poderes, se encuentra erosionado por «la ausencia de garantías del Poder Judicial para cumplir su rol de ejercer un control de constitucionalidad y convencionalidad».
El organismo también observó cada vez más procesos de antejuicio que fueron acelerados, y también «severamente cuestionados» como el retiro de la inmunidad a los miembros del Tribunal Supremo Electoral.
La CIDH recomendó al Estado guatemalteco «garantizar el respeto al orden constitucional y la preservación del Estado de derecho» y «garantizar mecanismos para la rendición de cuentas» tanto de la fiscal general, Consuelo Porras, como del Ministerio Público «compatibles con los estándares del Derecho Internacional de Derechos Humanos y con el principio de autonomía e independencia de dicha institución», a garantizar «que los procesos de selección y nombramiento de operadores de justicia se realicen» bajo criterios basados en el mérito y a las capacidades profesionales, y sin injerencias políticas.
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Por último, ha instado a «proteger la vida y la integridad de las autoridades políticas electas, personas defensoras, periodistas y trabajadoras de medios de comunicación, a los pueblos indígenas y a sus autoridades ancestrales».
FUENTE: TÉLAM.
