Este viernes se realizó en Rawson, en las oficinas judiciales, la apertura de investigación formal por los incendios y destrozos ocurridos en septiembre pasado en la Casa de Gobierno y la Legislatura chubutense.
Tras la exposición de las partes, el juez Gustavo Castro, resolvió la apertura de investigación por seis meses e imputó al secretario general de ATECh, Santiago Goodman; al delegado del gremio Matías Schierloh y los integrantes de la CTA, Marcela Ancaleo y Mariana Castro por los delitos de incendios y estragos.
El juez Castro aceptó también la incorporación de la Fiscalía de Estado como querellante; mientras que el Ministerio Público Fiscal estuvo representada por Osvaldo Heiber y Florencia Gómez.
La Fiscalía había solicitado que la causa sea considerara como “compleja” lo cual fue rechazado por el juez castro.
Al respecto, el abogado defensor explicó tras la audiencia su posición opuesta a la “causa compleja” remarcando que la misma “no es compleja porque los imputados están individualizados”.
Precisó que los “hechos son dos: la quema de Legislatura y Casa de Gobierno. No existe complejidad para el tratamiento de la investigación –además- la causa se ha hecho con celeridad”, remarcó.
Consideró que “la prueba de cargo de la Fiscalía es abundante y someter a cuatro dirigentes sindicales es un exceso del Misterio Público Fiscal. Por ello Entendemos que los 6 meses de investigación es justo. Si se necesita más se pude ampliar el periodo, a lo cual nos vamos a oponer”, sentenció.
En tanto, el defensor público, Miguel Ángel Moyano, fue el más enfático en rechazar que la causa sea declarada compleja lo que, entre otras cosas, hubiera permitido estirar los plazos de la investigación.
«No están dados los principales requisitos, están los imputados, están los hechos y en todo se podría ampliar el plazo de seis meses», sostuvo Moyano que también objetó la forma en la que la Fiscalía de Estado se constituyó como querellante.
“La prueba que traía es la que había. Las pericias pendientes, es obligación de la Fiscalía que avancen”, remarcó.
Por su parte, Goodman tras la audiencia manifestó que “esta denuncia busca disciplinar a todos los que se levantaron en defensa de los derechos”.
