Con casi 600 damnificados por una estafa considerada inédita por sus características y envergadura en Chubut, la Justicia imputó penalmente a Vanesa Fita, hermana del diputado provincial Gustavo Fita, quien habría sido la responsable de la maniobra a través de la cual se solicitaba dinero a beneficiarios para convertirse en adjudicatarios de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda.
Para sorpresa de los investigadores, cuatro de las cinco mujeres imputadas en la causa se acogieron a la defensa pública, financiada por los contribuyentes; mientras que el actual diputado provincial, que goza de fueros de inmunidad por su condición de legislador, podría ser citado también a declarar, ya que se desempeñaba como funcionario municipal cuando ocurrió la estafa.
La metodología, según surgió de la investigación, consistía en requerir un pago de $100.000 a cada una de las personas interesadas para «tramitar» la obtención de la vivienda a través del Instituto. Dicho monto, exigido a cada una de las 594 familias damnificadas, era presuntamente necesario para realizar gestiones ante el organismo y para la constitución de una cooperativa.
Actualmente, la principal imputada en la causa es Vanesa Fita, hermana del diputado y presidente del Partido Justicialista de Chubut, Gustavo Fita, quien a su vez se desempeñaba como funcionario municipal en Comodoro Rivadavia cuando se produjeron los hechos investigados.
Hay otras cuatro personas imputadas, además de Vanesa Fita, quienes serían sus cómplices: se trata de Lucía Miranda, Gisel Mansilla, María Curán y Camila Páez.
LEE TAMBIÉN | Fiscalía investiga un caso de maltrato animal en Gaiman
Todas las imputadas con defensores públicos
Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, las reiteradas estafas habrían sido cometidas entre abril de 2023 y febrero de 2024, La calificación legal provisoria es la de “estafa por calidad simulada e influencia mentida, 594 hechos en concurso real” en calidad de “autor” para Vanesa Fita y de “partícipes necesarias” para las restantes cuatro personas imputadas. Durante la última audiencia, el juez Alejandro Soñis resolvió autorizar la apertura de investigación en contra de las personas imputadas por el plazo de seis meses.
La defensa de Fita es actualmente ejercida por Vanesa Vera, acompañada por Luciana Risso, ambas defensoras públicas; mientras que la de Curan, por Guillermo Iglesias, y la de Miranda, Masilla y Páez, por María de los Ángeles Garro, también defensora pública. A pesar de la millonaria recaudación que habrían obtenido los presuntos responsables de la estafa a las 594 familias, todas las imputadas son patrocinadas por la defensa pública.
Desafuero y posible vinculación con la causa
Para el fiscal del caso, Martín Cárcamo, si bien no existe un nexo que vincule de manera directa al político con su hermana en la maniobra defraudatoria, la «portación de apellido» podría haber tenido cierto peso para consumar la estafa, cuyo monto recaudado se estima en aproximadamente 60 millones de pesos. Fuentes vinculadas a la causa indican, sin embargo, que la implicancia del actual legislador provincial en la maniobra de estafa, cuando era funcionario de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, podría ser una de las novedades que la investigación arrojaría en las próximas semanas. Y, en caso de que la Legislatura provincial avance con el proyecto de ley para la eliminación de los fueros en los tres poderes del Estado, ello dejaría expuesto al diputado ante una eventual y probable participación indirecta en la megaestafa cuyo resultado son 594 damnificados que hoy no pueden acceder al sueño de la casa propia.
MIRÁ TAMBIÉN | Así fue el crimen de José Crettón según la Fiscalía
Cómo estafaron a las 594 familias
De la investigación del fiscal surgió que, entre abril de año 2023 y febrero de 2024, Vanesa Fita, «simulando ser intermediaria y organizadora de una cooperativa de vivienda, fingiendo trascendentes vinculaciones con funcionarios públicos provinciales, y aprovechándose de la necesidad habitacional imperante en la cuidad, ofreció a un grupo indeterminado de personas la adjudicación y/o adquisición de una vivienda construida o próxima a construirse por el Instituto Provincial de la Vivienda en ésta ciudad, y sin contar para ello con recursos materiales suficientes ni autorización legal vigente».
«A esos fines», se indicó desde el Ministerio Público Fiscal, «mediante contacto telefónico previo, y utilizando tres celulares, les solicitó a las personas interesadas, el depósito bancario por la suma de $100.000; suma que, una vez acreditada, se informaba enviando el recibo de pago y se las ingresaba a distintos grupos de WhatsApp donde se les requería información y se organizaban reuniones informativas».
«Así, Fita incorporó a la maniobra defraudatoria a las otras cuatro imputadas cuyo aporte consistió en mantener el ardid o engaño e ingresar nuevos adherentes. De esta forma se llega al número de 594 casos, con un perjuicio económico de $59.400.000».
Foto ilustrativa de archivo.
