Los incidentes se produjeron entre la noche del 17 de septiembre 2019 y la madrugada del día siguiente, primero en la Legislatura del Chubut y luego en la parte posterior de la Casa de Gobierno. Así lo indicó en la audiencia la fiscal general Florencia Gómez al relatar los hechos que presentó en la acusación.
La causa está caratulada provisoriamente como “incendio intencional con peligros para archivos y bibliotecas públicas», con una imputación subsidiaria, la de “daño agravado”, lo que contempla una pena que oscila entre tres y 10 años de prisión.
La fiscal Gómez fundamentó su postura en la educación y posición socio cultural de los imputados que comprendieron acabadamente los alcances legales y dañinos de la conducta que se les atribuye: «supieron en todo momento la ilegalidad de su accionar”, aseveró.
Para provocar ambos incendios se utilizaron pallets de madera y neumáticos que habían sido transportados en una Renault Kangoo de propiedad del gremio de la ATECH liderado por Goodman, según expuso la fiscal general.
En este sentido señaló al secretario general de ese gremio como el organizador y como la persona que impartió las directivas, además de realizar varios viajes en ese vehículo para trasladar mayor volumen de los elementos utilizados para la combustión.
Las filmaciones muestran a Goodman bajando cubiertas de una Renault Kangoo y en otra parte arrojar dos de ellas a las llamas que -hasta el momento- autores desconocidos habían iniciado en la zona de estacionamiento y en la puerta de Legislatura provincial.
Los otros tres imputados también fueron observados y registrados haciendo maniobras similares. Las llamas afectaron seriamente todo el frente de la Legislatura, sala de sesiones y recepción, además de haberse dañados vidrios y puertas, expuso la fiscal Gómez
La querella en representación de la Fiscalía de Estado adhirió completamente a lo manifestado por la fiscal general. Se trata de los letrados Christian Martínez y Rodrigo Miquelarena.
El abogado Sergio Miranda asiste a Goodman y Castro, mientras el defensor oficial Miguel Moyano representa a Ancaleo y Schiarloh.
El doctor Moyano fue gráfico al rechazar las imputaciones de la fiscalía: «la acusación hace agua por todos lados», dijo.
«Los bomberos no llegaron porque nunca los llamaron y los jefes policiales les ordenaron a sus subordinados que se fuera de franco, lo que indica que hubo una zona liberada», aseguró el letrado.
En tanto, Matías Schiarloh, uno de los imputados que hizo declaraciones en la audiencia, sostuvo: «Las circunstancias del hecho por el que se nos trae acá tienen que ver con tres años de conflicto, un estallido social y dos muertes de las que acá nadie hablo. Dos compañeras muertas, Jorgelina (Ruiz Díaz) y María Cristina (Aguilar), docentes (fallecidas ese mismo 17 de septiembre del año pasado en una accidente en la Ruta 3 cuando regresaban a Comodoro de la manifestación docente en Rawson), y justo hoy en nuestro día estamos sentados acá», fundamentó.
El dirigente también cuestionó la filtración de datos personales y reprochó “el daño, el abuso y la vergüenza a las que se nos han sometido por un escarnio público en los medios de comunicación y la prensa de toda la provincia».
Por su parte, al hacer uso de la palabra, el secretario general de la ATECh, Santiago Goodman, repasó que “el 17 de septiembre de 2019 iba a ser un día de mucho compromiso militante. Con mucho esfuerzo nos juntamos cientos de trabajadores de la educación”.
“Luego de marchar y llegar a Casa de Gobierno (durante la mañana del 17), muchos tenían que volver a sus lugares –ya que- esta acción colectiva que llevamos adelante tenia compañeros de cualquier lugar de la Provincia donde hay una escuela”, continuó.
Sin embargo, “ese día transcurrieron diferentes hechos que hoy son parte de este relato. Hubo dos compañeras que no pudieron regresar, a las cuales no las conocía pero como miles de trabajadores de la educación, tenían un compromiso inmensamente grande con la educación pública”.
“Queremos que por este relato que se ha hecho, y que hemos pasado, se haga Justicia. Que se escuche pormenorizadamente lo expresado”, manifestó al Juez.
Agregó que “este 11 de septiembre, a casi un año de lo que aquí se está acusando y relatando, y a casi un año de la muerte de Jorgelina y María Cristina en un accidente que deviene de una responsabilidad mayor; pedimos y exigimos que haga Justicia”.
