El desalojo de una pensionista de 87 años de la vivienda en la que residió durante siete décadas generó protestas en Madrid y reavivó el debate sobre la crisis habitacional en España. La mujer, conocida como Maricarmen, fue retirada del inmueble el miércoles 23 de septiembre.
La jubilada vivía en el barrio de Retiro y pagaba unos 500 euros mensuales por un contrato de alquiler de renta antigua. La propiedad fue adquirida por una empresa que elevó el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros, según el Sindicato de Inquilinos de Madrid.
La disputa judicial se extendió durante años y llegó al Tribunal Supremo, que falló a favor de la empresa propietaria. Ese fallo permitió avanzar con el desahucio, que finalmente se concretó pese a la presencia de activistas que habían instalado un campamento frente al edificio para intentar impedirlo.
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La Policía retiró por la fuerza a decenas de manifestantes que permanecían frente al inmueble. Tras el operativo, personal sanitario trasladó a Maricarmen, que utiliza silla de ruedas, en camilla hasta una ambulancia, mientras los manifestantes reclamaban que no estaba sola.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó el episodio como una “tragedia social” y cuestionó el papel de las autoridades de la Comunidad de Madrid. Amnistía Internacional España también denunció lo ocurrido y sostuvo que el caso refleja una problemática que afecta a numerosos hogares.
El desahucio provocó nuevas movilizaciones durante la noche en el centro de Madrid. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defendió los intentos del Gobierno de impulsar una legislación que impida este tipo de desalojos, mientras Sánchez señaló que la aprobación de una nueva norma requiere el respaldo del Parlamento.
Fuente: DW.
Imagen: David Canales/SOPA Images/ZUMA/picture alliance.
