La Libertad Avanza consiguió este miércoles dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados para el proyecto de Inocencia Fiscal II, que podrá ser debatido en el recinto durante la sesión prevista para el 26 de agosto. La iniciativa obtuvo 44 firmas en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal.
El oficialismo contó con el respaldo del PRO, la UCR, Innovación Federal y Producción y Trabajo, además de otros bloques provinciales. Este acompañamiento le permitiría al Gobierno reunir los votos necesarios para avanzar con una iniciativa considerada clave para ampliar la base de contribuyentes y favorecer el ingreso al sistema formal de dólares adquiridos en el mercado informal.
Uno de los principales cambios incorporados al proyecto establece que los funcionarios públicos quedarán excluidos de los beneficios del régimen. Podrán utilizar el sistema simplificado para presentar la declaración jurada de Ganancias y pagar el saldo correspondiente, pero no accederán a la presunción de exactitud, la liberación de fiscalizaciones ni a beneficios o inmunidades tributarias.
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La exclusión alcanza a quienes ejerzan o hayan ejercido durante los últimos cinco años cargos de alta responsabilidad en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en el Ministerio Público y distintos organismos de control. La medida incluye funcionarios nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires, además de legisladores y magistrados.
El proyecto también elimina los topes de $1.000 millones de ganancias y $10.000 millones de patrimonio para ingresar al régimen, con el objetivo de incorporar a grandes contribuyentes. A su vez, contempla una reducción del 25% de las multas por infracciones formales para pequeñas y medianas empresas y mantiene mecanismos de reducción de sanciones previstos en la iniciativa original.
Desde el oficialismo defendieron los cambios como una herramienta para otorgar mayor previsibilidad y alivio fiscal a los contribuyentes cumplidores. La presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, remarcó que la exclusión de funcionarios busca garantizar la transparencia de la función pública. El proyecto quedó así en condiciones de ser tratado por Diputados el próximo 26 de agosto.
FUENTE: NA.
IMÁGEN: NA.
