La Cámara Federal ordenó continuar con la investigación archivada por el juez Lijo, ante las dudas sobre el trato diferenciado del Estado con laboratorios. Se cuestionan cláusulas confidenciales y falta de acceso a los contratos.
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La Cámara Federal porteña resolvió este martes reabrir la investigación sobre presuntas irregularidades en la adquisición de vacunas contra el COVID-19 por parte del gobierno de Alberto Fernández, especialmente en las negociaciones con el laboratorio Pfizer. La decisión revierte el archivo de la causa dictado por el juez Ariel Lijo y responde a una apelación presentada por el fiscal Carlos Stornelli.
Los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia argumentaron que aún persisten “incógnitas” sobre cómo se llevaron adelante las negociaciones entre el Estado argentino y la farmacéutica. A su vez, señalaron que no se indagó lo suficiente en los procesos de compra con otros laboratorios, lo que impide descartar la existencia de tratos desiguales.
La causa surgió a raíz de una denuncia impulsada por un grupo de diputados opositores que cuestionaron la demora del Estado en contratar las vacunas de Pfizer. Según los legisladores, el gobierno habría favorecido a otros laboratorios en detrimento de esa compañía. Al expediente también se incorporó una denuncia de familiares de víctimas del COVID-19.
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A cinco años del inicio de la cuarentena por el coronavirus, todavía se desconocen los detalles de los contratos firmados con los laboratorios. Estos acuerdos, rubricados durante las gestiones de Ginés González García y Carla Vizzotti al frente del Ministerio de Salud, contienen cláusulas de confidencialidad que en algunos casos se extienden hasta el año 2030.
Intentos de acceso a esa información, como el realizado por el medio TN mediante un pedido público al Ministerio de Salud, fueron denegados bajo la justificación de que revelar los contratos podría afectar futuras negociaciones internacionales y el suministro de vacunas.
El Estado argentino firmó convenios con laboratorios como Sputnik-V, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm, Covishield, COVAX y CanSino. Todos los contratos quedaron resguardados por la Ley de Vacunas N° 27.573, aprobada en 2020, que permite cláusulas de confidencialidad para adecuarse al mercado global.
Fuente: TN
Foto: Archivo
