En Puerto Madryn, dos representantes del Sindicato de Obreros y Empleados de la Administración Pública (SOYEAP) son investigados por presunta defraudación de los aportes sindicales. La cifra rondaría los 11,5 millones de pesos.
Este martes a las 09:30 horas, en los Tribunales de Puerto Madryn, se realizó la audiencia de apertura de investigación por manejo irregular de fondos, que tiene como imputada a la exdirigente del SOYEAP, Patricia Mariscurrena, junto a Armando Walter Vique, cuya audiencia se celebró de manera desdoblada el pasado viernes.
El fiscal en jefe, Alex Williams, en diálogo con Radio 3, explicó: «Esto tiene que ver con la presunta desviación de fondos cuando eran representantes del sindicato en la delegación municipal de Puerto Madryn. De los elementos que se han recolectado surge que la municipalidad, como agente de retención, retenía los aportes de los afiliados y, por requerimiento de los imputados, ese dinero se transfería a cuentas de tipo personal, no a las del sindicato».
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El fiscal indicó que dicha maniobra motivó a que el sindicato hiciera una presentación con sus interventores y detalló que «se corroboró en esta primera etapa de investigación que esto efectivamente ha sido así: están hechas las retenciones, están hechas las transferencias, pero esas transferencias son a cuentas personales».
Además, detalló: «Hay tres cuentas: una de Vique, una de Mariscurrena y una que ha recibido la mayor cantidad de dinero, que es compartida. El monto total asciende a 11,5 millones de pesos durante un periodo de cuatro años, que va del 2020 al 2024».
Este tipo de delitos contempla una pena que va desde algunos meses hasta 5 años de prisión, de acuerdo a las características y si son más o menos graves.
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Williams señaló que ahora resta «determinar cuál fue el destino de esos fondos. En principio, no hemos corroborado que hayan ingresado al sindicato ni que hayan tenido el destino de beneficio a los afiliados, es decir que a partir de ahí surge una seria sospecha de una posible defraudación».
El fiscal también señaló que se trata de una calificación provisoria, porque de la investigación pueden derivar otras acusaciones o se puede contraer y modificar esa calificación.
Al ser consultado acerca de los roles que cumplían los imputados en el sindicato, el fiscal expresó: «Mariscurrena sí; no tenemos comprobado respecto de Vique en el sentido de un encargo funcional en la delegación municipal, que es ahí a donde apunta la investigación. Por eso está desdoblada la intervención: en el caso de Mariscurrena como autora y de Vique como partícipe necesario».
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De la investigación preliminar se desprende que la mayoría de los fondos, por un monto millonario, fueron derivados a la cuenta que compartían ambos imputados, mientras que las otras cuentas recibieron montos menores, del orden de los 100 mil pesos.
«Una de las hipótesis que se maneja es que siguieron recibiendo dinero cuando ya no tenían funciones activas en el sindicato», dijo el fiscal, y añadió que si se corrobora eso, la situación en lo penal podría tener un «agravamiento; si esto es así, es una sospecha».
Para determinar cuál fue el destino de estos fondos se debe realizar una pericia contable con apertura de toda la información bancaria de manera amplia, para recolectar toda la información.
Durante las audiencias, ninguno de los imputados hizo uso de la palabra. Cabe señalar que el plazo de investigación es de 6 meses.
