La Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales solicitó abrir una investigación penal por las condiciones en las que fueron encontrados cuatro canes. Dos murieron mientras permanecían bajo resguardo judicial y la jueza Eve Ponce habilitó una investigación por seis meses.
La Justicia de Rawson habilitó la apertura de una investigación preparatoria contra un vecino de la ciudad, señalado como presunto responsable de maltrato y crueldad hacia cuatro perros. La causa está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (UFE AyDA), que busca establecer las responsabilidades penales por los hechos.
El caso se inició el 23 de julio de 2025, cuando efectivos de la Comisaría Rawson y personal de la Dirección de Veterinaria y Saneamiento Municipal realizaron un allanamiento en una vivienda de la calle Rivadavia. Allí encontraron a Nieve, Negra, Lupi y Lani en estado de desnutrición grave, entre residuos y en un ambiente contaminado con sus propias heces y orina.
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Los análisis veterinarios y bioquímicos detectaron un deterioro nutricional crónico, posibles complicaciones hepáticas y signos compatibles con enfermedades parasitarias. En uno de los animales también se identificaron alteraciones vinculadas con Hepatozoon canis, un parásito transmitido por garrapatas. Además, ninguno de los cuatro perros contaba con las vacunas obligatorias.
La investigación también comprende la muerte de dos de los canes. Lani falleció el 21 de diciembre de 2025 y Negra el 20 de febrero de 2026, mientras ambas permanecían bajo el cuidado de depositarias judiciales. Según la fiscal general jefe María Florencia Gómez, los decesos estuvieron relacionados con la desnutrición severa y la falta de alimentación adecuada y atención veterinaria.
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La calificación legal provisoria contempla presuntos delitos de maltrato y crueldad animal, previstos en la Ley Nacional 14.346, y la posible violación de normas de policía sanitaria animal, contemplada en el artículo 206 del Código Penal. Esta última figura se vincula con el incumplimiento de las obligaciones sanitarias establecidas por la Ley 22.953, que incluye la vacunación antirrábica.
Desde la UFE AyDA señalaron que el cumplimiento de esas disposiciones también está relacionado con la protección de la salud pública, debido a los riesgos de transmisión de enfermedades de los animales a las personas. La unidad fiscal, creada en diciembre de 2024, interviene en este tipo de causas y considera a los animales involucrados como víctimas y sujetos de derecho dentro del proceso penal.
La jueza Eve Ponce habilitó la apertura de la investigación por un plazo de seis meses. Durante ese período, la Fiscalía deberá profundizar las medidas necesarias para esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades del imputado.
Con información del Ministerio Público Fiscal.
