La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) ha iniciado una exhaustiva investigación sobre posibles irregularidades en contratos entre el Estado argentino y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) que suman más de $25 mil millones entre 2022 y 2024.
La investigación comenzó tras la auto-denuncia del Ministerio de Capital Humano contra el exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, por supuestas irregularidades en la contratación de personal a través de la OEI.
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El fiscal Sergio Rodríguez, a cargo de la PIA, ha solicitado información a diversos ministerios y organismos descentralizados para determinar si otras áreas del Poder Ejecutivo también realizaron convenios con la OEI bajo términos sospechosos. La OEI, con sede en Madrid, es un organismo que generalmente inyecta fondos para programas específicos, pero en estos casos, se le transfirieron millonarias sumas de dinero para llevar adelante contrataciones, asesorías o licitaciones.
El Estado argentino habría firmado convenios con la OEI por más de $7 mil millones en 2022, cifra que se duplicó a $13 mil millones en 2023. En lo que va de 2024, ya se han registrado acuerdos por alrededor de $10 mil millones.
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Una de las acusaciones más graves proviene de Federico Fernández, funcionario de la Secretaría, quien reveló que en una reunión en enero se decidió contratar personal a través de la OEI y que parte del dinero se convertía a dólares y se entregaba a De la Torre. La subsecretaria de Legal de Capital Humano, Leila Gianni, presentó la denuncia formal, y el caso fue asignado al juzgado de Ariel Lijo, con el fiscal Ramiro González impulsando la investigación.
La PIA ha solicitado a Capital Humano información sobre sumarios internos y sanciones antes de que se presentara la denuncia sobre estos convenios, pero aún no ha recibido respuesta. En paralelo, se han recopilado datos de otros ministerios y organismos, incluidos Obras Públicas, Cultura, Ciencia, ex Ministerio de Mujeres, Educación, Anses, Sedronar, la Agencia de Acceso a la Información Pública y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.
FUENTE: TN.
