El consorcio encabezado por Rowing S.A. presentó la oferta económica más alta para quedarse con el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), en el marco del proceso de privatización impulsado por el Gobierno nacional. La propuesta fue de US$340,2 millones por una concesión de 30 años, por debajo de los US$500 millones que esperaba recaudar el Ministerio de Economía.
La oferta ganadora superó la presentada por el grupo liderado por Roggio S.A., que ofreció US$285 millones. Aunque la apertura de sobres definió cuál fue la propuesta económica más elevada, la adjudicación definitiva todavía debe atravesar la revisión final de la Comisión de Evaluación.
El consorcio está integrado por Rowing S.A., empresa de ingeniería y construcción controlada por Walter Román; Transclor, vinculada al empresario Mauricio Filiberti; Arcos Saneamento e Participações, del grupo brasileño Equipav; y PHX, un vehículo de inversión radicado en Países Bajos. Arcos fue designada como operadora técnica por su experiencia en la gestión de servicios de agua y saneamiento en Brasil.
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El grupo anunció compromisos de inversión por US$1.940 millones durante los primeros cinco años y un total de US$15.040 millones a lo largo de las tres décadas de concesión. Según la información difundida por el consorcio, Arcos presta servicios a más de 39 millones de personas en 15 estados brasileños y más de 890 municipios, con una estructura de alrededor de 25.000 trabajadores.
AySA suministra agua potable y servicios de saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. La empresa atiende a cerca de 14 millones de habitantes y cuenta con unos 3,8 millones de usuarios, por lo que el cambio de control involucra un servicio esencial para una amplia parte de la población del área metropolitana.
La compañía estatal fue creada en 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, para reemplazar a Aguas Argentinas, que estaba bajo control de la francesa Suez. El contrato anterior, otorgado en 1993 durante el gobierno de Carlos Menem, fue rescindido tras cuestionamientos por incumplimientos contractuales, problemas de calidad del agua y dificultades en la prestación del servicio.
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Al defender la privatización, el Gobierno sostuvo que AySA presentaba problemas de gestión y señaló que recibió transferencias del Tesoro nacional por más de US$13.400 millones entre 2006 y 2023. La administración de Javier Milei busca destinar los ingresos obtenidos por la venta al cumplimiento de vencimientos de deuda y al financiamiento de sus objetivos económicos.
La operación abre una nueva etapa en la administración del agua y el saneamiento en el área metropolitana, con una concesión prevista por 30 años y compromisos de inversión de largo plazo. La adjudicación aún depende de la evaluación final del proceso, mientras que el cumplimiento de las inversiones y las condiciones del servicio serán aspectos centrales de la futura gestión privada.
Fuente: Página 12.
