El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén investiga una presunta estafa por el cobro indebido de planes sociales por un monto millonario en el que estarían involucradas empleadas del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.
El fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Marcelo Silva, ordenaron dos allanamientos en los que se secuestró información relacionada con el supuesto cobro indebido de planes sociales por parte de personas que no son beneficiarias.
Los operativos se realizaron en simultáneo a cargo del asistente letrado Juan Narváez y del funcionario de la fiscalía de Delitos Económicos, Marcelo Zárate, en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social y en la dirección provincial de Planes Sociales de la ciudad de Neuquén, donde se obtuvo información relacionada con 193 casos en investigación.
El fiscal Vignaroli informó a la prensa que «la investigación se inició por una denuncia efectuada el 26 de junio por un beneficiario que, al intentar retirar el subsidio que le correspondía de un cajero automático detectó que no había saldo en su cuenta».
«Se hizo una averiguación respecto de ese caso concreto y se determinó que había una persona que no era el beneficiario, realizando una extracción con esa tarjeta», dijo.
Explicó asimismo que «a raíz de eso se inició una investigación con el Banco Provincia de Neuquén con la colaboración del Ministerio de Desarrollo Social para de determinar si existían más hechos de estas características».
El funcionario judicial indicó que «se determinó que hubo extracciones bajo una modalidad denominada “ráfaga”, que ocurre cuando una misma persona, en un lapso corto, realiza numerosas extracciones con distintas tarjetas de débito, que no son de su titularidad».
«Tomando este patrón de conducta, el Banco Provincia pudo determinar extracciones desde 2020 hasta julio de este año por un monto de 123 millones de años», precisó y agregó que «de este universo que va desde 2020 a julio de 2022, se pudo precisar que, desde febrero a julio de 2022, hubo un grupo de personas que operó con esta modalidad, por una suma de 57 millones, 120 mil pesos».
Por último, Vignaroli aclaró que no hay detenidos hasta el momento mientras continúan investigando la trama urdida desde el interior de los organismos provinciales de los que depende el otorgamiento y administración de fondos de planes sociales.
