El Gobierno de Italia aprobó un decreto de seguridad que endurece las medidas contra los disturbios y establece una presunción de imputabilidad para los adolescentes desde los 14 años. La decisión se tomó tras los saqueos y los daños registrados durante las protestas del fin de semana en el centro comercial de Milán, donde fueron detenidas cerca de 50 personas, más de 30 de ellas menores de edad.
La primera ministra, Giorgia Meloni, calificó de “dolorosa y aterradora” la participación de tantos jóvenes en los hechos de violencia. Según sostuvo, algunos acudieron a las manifestaciones para destrozar comercios, robar y grabar sus acciones, una conducta que, advirtió, podría convertirse en un modelo para otros adolescentes.
El decreto contempla que los menores de 14 años o más sean considerados capaces de comprender sus actos, salvo que se demuestre lo contrario. También amplía las posibilidades de detención preventiva para adolescentes de entre 14 y 17 años cuando se cumplan las condiciones previstas por la norma y facilita la detención posterior de sospechosos a partir de las pruebas disponibles.
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Las medidas incluyen penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros por determinados actos de violencia grupal que pongan en peligro la seguridad pública. Además, se prevén sanciones más severas cuando los participantes actúen con el rostro cubierto o provoquen lesiones, así como penas de entre cuatro y doce años para ciertas conductas de promoción u organización de grupos violentos.
El Gobierno también reforzó la responsabilidad económica de los padres por los daños causados por sus hijos menores. Las multas previstas para progenitores de adolescentes que cometan delitos van de 500 a 1.000 euros y pueden duplicarse en caso de reincidencia. El decreto, además, contempla restricciones para participar en concentraciones públicas y facilita la actuación judicial ante agresiones a policías y otros funcionarios de seguridad.
En materia de seguridad, se anunció el despliegue de 500 militares adicionales en Milán hasta el 31 de diciembre de 2026. La norma entró en vigor tras su aprobación por el Consejo de Ministros, pero deberá ser convertida en ley por el Parlamento dentro de los 60 días, período en el que puede recibir modificaciones.
