Foto de archivo.
Se trata Miguel Alejandro Vargas Nehuen, quien fue declarado culpable por un jurado popular por el crimen ocurrido en Esquel. El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut habló con Radio 3 sobre el tema y renovó sus críticas al juez Daniel Novarino.
El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, dialogó este martes con Radio 3 y cuestionó duramente al Poder Judicial por la fuga de Miguel Alejandro Vargas Nehuen, quien fue declarado culpable por el femicidio de Ana Calfín en Esquel. Vargas Nehuen se fugó justo antes de conocer la pena que se le impondría.
Pese a haber sido hallado culpable por un jurado popular, el acusado mantenía el beneficio de la prisión domiciliaria por decisión del juez Daniel Novarino. Esta medida generó críticas tanto del Ejecutivo como de la comunidad. “Claramente se equivocó. Los riesgos procesales estaban”, afirmó.
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El prófugo se encuentra en Chile, y se activaron alertas de Interpol. La policía de Chubut, en colaboración con fuerzas chilenas, trabaja en su localización. “El dispendio de recursos que implica esto es injustificable”, sostuvo el ministro, quien confirmó que pedirá el exhorto del femicida para pedir su detención en el país vecino.
“Ya me quejé públicamente del dispendio de recursos que implica tener a la DPI de Esquel, con el refuerzo de otras jurisdicciones, para tratar de atrapar cuanto antes a este prófugo”, afirmó Iturrioz. La fuga motivó un operativo internacional que incluye colaboración de Interpol y la policía chilena, dado que Vargas se encontraría en el país vecino.
El funcionario puso también en duda la actuación del juez Novarino, señalando que “me sorprendió para mal escuchar ese rumor de que el juez decía que era inocente el imputado”. En ese sentido, recordó que “si el juicio por jurados dice que es culpable, es culpable”.
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La fuga reavivó el debate sobre el uso de la prisión domiciliaria en casos de extrema gravedad. Según explicó, esta modalidad implica destinar al menos cuatro efectivos diarios para la custodia, además de móviles y recursos que podrían estar destinados a la prevención del delito en barrios.
Por otro lado, el ministro se refirió a la reciente aprobación de la ley de reiterancia, que permitirá dictar prisión preventiva en casos donde los acusados tengan antecedentes por delitos similares. “Es un paso necesario para evitar que se repitan casos como este”, afirmó.
Desde el Ejecutivo provincial no se descarta presentar una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra el magistrado Novarino, por considerar que actuó sin tener en cuenta los riesgos procesales. “La comunidad no acepta estas decisiones”, concluyó Iturrioz.
