El cambio se produjo tras años de presión por parte de los defensores de las víctimas, cuando en 2021 el Congreso aprobó la nueva norma que comenzó a ser aplicada en julio por disposición del presidente Joe Biden.
«La discreción procesal para 13 delitos graves pasará de los comandantes hacia jueces independientes y especialmente capacitados basados en las Oficinas de Asesoramiento Legal Especial y que reportan directamente ante los secretarios de los departamentos militares», dijo el secretario de Defensa, Lloyd Austin, en un comunicado.
Agregó que «este cambio histórico en el sistema de justicia militar de Estados Unidos fortalecerá significativamente el procesamiento independiente de agresiones sexuales y otros delitos penales graves cometidos en el Departamento de Defensa».
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Un alto funcionario de Defensa dijo que este cambio supone una «mejora monumental del sistema de justicia militar» y que las víctimas pueden tener la seguridad de que sus casos «serán manejados de manera profesional y consistente con las mejores prácticas y procedimientos de las fiscalías civiles», reportó la agencia de noticias AFP.
Transferir la investigación y el procesamiento de casos de agresión sexual de la cadena de mando fue una de las principales propuestas formuladas por una comisión independiente creada por Austin para investigar el manejo de estos temas en el ejército.
Anteriormente, los comandantes eran responsables de tomar decisiones sobre la persecución de delitos graves supuestamente cometidos por sus subordinados, un sistema que, según los críticos, presentaba constantes conflictos de intereses y otros problemas.
Según los últimos datos del Pentágono, en 2022 hubo 8.942 denuncias de abusos sexuales que involucraron a personal militar, un leve aumento con respecto al año anterior.
Fuente: Télam
