El fiscal federal Diego Luciani reafirmó hoy que «se montó un aparato ilegal» para direccionar 51 obras públicas a favor de empresas de Lázaro Báez entre 2003 y 2015 en Santa Cruz y dijo que «se cumplían las órdenes que emanaban de los organizadores» de la presunta asociación ilícita que se juzga.
Luciani abrió esta mañana la tercera audiencia dedicada al alegato final fiscal en el juicio a la vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros doce acusados y continuó con el análisis de cada una de las licitaciones.
«Se cumplían las órdenes que emanaban de los organizadores de la asociación», en base a una «planificación», sostuvo ante el Tribunal Oral Federal 2
En el repaso de licitaciones «hemos encontrado direccionamiento hacia las empresas de Lázaro Báez, desde la 1 hasta la 51», aseveró.
En la jornada comenzó a detallar las primeras licitaciones a las que accedió «Austral Construcciones», la empresa de Báez y otras firmas vinculadas, como Kank y Costilla y Gotti.
Entre ellas, se refirió a las dos primeras que se le adjudicaron cuando asumió la presidencia Cristina Fernández de Kirchner.
En relación a la primera de ellas, la número 39, «se encuentra plagada de los mismos vicios que vimos en casos anteriores, mismo representante técnico, aprobaciones ad referendum, falta de presentación de certificación. Un plazo de 25 meses pasó a ser de 74 meses», enumeró.
Luciani recordó que se trató de una obra vial por 39 millones de dólares al cambio de la época ganada por Austral Construcciones en 2008.
«La primera obra adjudicada en el gobierno de Cristina Fernández nunca pasó por el Congreso», dijo y se adjudicó «con una celeridad inusitada».
El fiscal aseguró que siempre se presentaban a las licitaciones las empresas del grupo Báez, de manera separada, y además el grupo Petersen que «siempre acompañaba con una oferta superior» y no ganaba.
«El proceso cada vez estaba más aceitado, el aparto ilegal seguía funcionando cada vez mejor», dijo al promediar el análisis de las licitaciones.
Luciani consideró que «hubo corrupción y manipulación» en los procesos de licitación y retomó algo dicho en la audiencia pasada, que para eso se recurrió a la firma de convenios entre Vialidad nacional y provincial.
«Hubo desvío de ingentes sumas de dinero hacia Lázaro Báez, se buscó encubrir la falta de capacidad de la empresa, en una maniobra grosera», opinó y dijo no poder creer «cómo pudieron pasar inadvertidos semejantes actos de corrupción».
En uno de los casos, puso como ejemplo, la obra «debió realizarse en 36 meses, tardó 90 meses, se constataron sobreprecios, abandonaron la obra y se convocó a una nueva licitación».
«Cuando se levantó el cepo instalado entre 2003 y 2015 en Santa Cruz, se presentaron once oferentes de empresas interesadas en esta licitación, empresas de todo el país», agregó.
El juicio se realiza de manera semipresencial y, salvo la Vicepresidenta que obtuvo autorización para no presenciar esta audiencia por motivos de su agenda parlamentaria en el Senado Nacional, estaban conectados a la plataforma Zoom los restantes imputados.
Luciani comenzó a analizar la licitación número 19 de 2006 y, luego, avanzó en las siguientes, en una exposición de la que también participó su colega el fiscal Sergio Mola, en la audiencia que durará toda la jornada.
El martes último, durante su segundo día de alegato, Luciani sostuvo que en Santa Cruz hubo un «direccionamiento grosero inadmisible» a favor de empresas de Báez
En la primera jornada de alegatos, el lunes, la fiscalía anticipó que acusará por supuesta asociación ilícita y defraudación a los 13 imputados.
Durante toda la semana, referentes del Frente de Todos y funcionarios de la coalición gobernante expresaron mensajes de apoyo a la Vicepresidenta a través de las redes sociales, reunidos con la etiqueta #TodosConCristina y ayer, algunos organismos de derechos humanos expresaron su solidaridad con Fernández de Kirchner, y denunciaron que existen «prácticas judiciales persecutorias hacia líderes políticos».
También ayer el Grupo de Puebla, el foro que nuclea a funcionarios y exmandatarios latinoamericanos de signo progresista, advirtió que la Vicepresidenta es víctima de una «guerra jurídica (lawfare)» y consideró que el juicio es «un proceso plagado de contradicciones y motivado por oscuros intereses políticos de poderosos conglomerados económicos».
