El exministro Abel Di Luca, una figura central en este escándalo político-judicial, evitó comparecer en persona y presentó un certificado médico, optando por seguir la audiencia a través de Zoom. El fiscal jefe Pablo Vignaroli anunció que han descubierto al menos 3,000 maniobras fraudulentas.
La audiencia de formulación de cargos tuvo lugar en la sala 12 de la Ciudad Judicial de Neuquén, que se quedó pequeña para dar cabida a la gran cantidad de abogados defensores, acusadores fiscales y al querrellante Gustavo Kohon por la fiscalía de Estado. En el centro de esta trama se encuentran tres exfuncionarios de Desarrollo Social: Ricardo Soiza, señalado como el líder de la asociación ilícita, Néstor Pablo Sánz y Marcos Ariel Osuna.
Sin embargo, lo que hace que este caso sea aún más resonante son las declaraciones de cuatro personas que, aunque imputadas, colaboraron con las autoridades como arrepentidos. Estas personas, tres mujeres y un hombre, expresaron temor tanto a los detenidos como al abogado Alfredo Cury, quien también enfrenta cargos.
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La audiencia, se centrará en la determinación de cinco niveles de responsabilidad. El primero de ellos abarca a los jefes de la presunta asociación ilícita, incluyendo a los tres detenidos con prisión preventiva: Ricardo Nicolás Soiza, Néstor Pablo Sánz y Marcos Ariel Osuna, quienes enfrentan cargos de fraude a la administración pública y defraudación mediante el uso de tarjetas de débito obtenidas de manera engañosa.
En este nivel también se incluyen el exministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, y el coordinador Provincial de Administración del Ministerio, Tomás Siegenthaler.
El segundo nivel de responsabilidades involucra a personas como el auditor contador Julio Arteaga, el contador José María Gallo, Carolina Reznik (directora General de Finanzas) y Julieta Oviedo (directora de Tesorería).
Los siguientes niveles se refieren a los reclutadores y extractores. Los reclutadores eran responsables de identificar a personas vulnerables que podrían beneficiarse de los planos sociales, mientras que los extractores realizaban las «extracciones ráfaga» de dinero de las cuentas de los beneficiarios en cajeros automáticos.
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La trama alcanzaba su punto culminante con la misteriosa «caja azul», donde se depositaba el dinero extraído de las cuentas de los beneficiarios. Según la acusación fiscal y las declaraciones de los arrepentidos, este dinero luego fue entregado a punteros políticos relacionados con el Movimiento Popular Neuquino.
Finalmente, en el último nivel de responsabilidades se encuentran personas que se benefician de la red de corrupción, entre ellos el abogado Alfredo Cury, quien anteriormente había defendido a 16 de los imputados iniciales.
Fuente: Diario de Río Negro
