Petersen Energía y Eton Park se opusieron ante la jueza Loretta Preska al pedido argentino para frenar la etapa de obtención de pruebas posterior al fallo por la expropiación de YPF. Sostienen que es una maniobra para evitar sanciones y un eventual desacato.
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Los demandantes en el juicio por la expropiación de YPF, Petersen Energía Inversora S.A.U. y Eton Park Capital Management, L.P., rechazaron el intento de la República Argentina de suspender el proceso de discovery posterior a la sentencia y las acciones vinculadas a un posible desacato, mientras se resuelve la apelación contra el fallo que condenó al país a pagar US$ 16.100 millones.
La oposición quedó plasmada en una carta presentada el 6 de febrero de 2026 ante la jueza Loretta A. Preska, en la que los demandantes argumentan que el pedido de suspensión (stay) no cumple con los criterios legales y constituye una maniobra estratégica para eludir sanciones, justo cuando se aproxima una definición judicial sobre incumplimientos de órdenes previas.
Según consignó la Agencia Noticias Argentinas, el próximo 19 de febrero el Estado argentino presentará su réplica para rechazar las sanciones y el pedido de desacato formulado por los fondos. Tras esa presentación, Preska quedará en condiciones de resolver si frena o no el avance del discovery.
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En paralelo, la Argentina presentó una declaración jurada sobre las reservas de oro del Banco Central como parte de su defensa de inmunidad soberana, mientras insiste en suspender la búsqueda de pruebas solicitada por Burford Capital, el fondo que adquirió los derechos del litigio. El Gobierno también apeló formalmente la sentencia y calificó de “hostigamiento” los pedidos de información sobre funcionarios y activos del Estado.
En su presentación, los demandantes sostienen que la República no tiene derecho a una nueva suspensión, ya que en una solicitud anterior no cumplió con las condiciones impuestas por el tribunal, como ofrecer garantías o solicitar una revisión acelerada del fallo.
Además, afirman que la conducta del Gobierno argentino —a la que califican de inequitativa y de mala fe— justifica negar cualquier remedio excepcional. Entre los puntos cuestionados mencionan retrasos sistemáticos, incumplimientos de órdenes judiciales, producción incompleta o tardía de documentos y la presentación de testigos sin preparación suficiente para declarar sobre activos relevantes.
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El planteo también refuta la aplicación de los criterios establecidos en el precedente Nken v. Holder, al sostener que la Argentina no cumple ninguno de los cuatro requisitos: probabilidad de éxito en la apelación, daño irreparable, ausencia de perjuicio a la contraparte e interés público. Según los demandantes, el eventual daño es consecuencia de las propias acciones del Estado, mientras que la suspensión perjudicaría a los acreedores e iría contra el interés público al desacatar fallos judiciales.
En cuanto a la documentación, cuestionaron que, pese a que el Gobierno aludió a la entrega de 115.000 páginas, en la práctica se produjeron unos 13.500 documentos, muchos de ellos irrelevantes o de acceso público.
El pedido de freno total impulsado por la defensa argentina apunta a detener la etapa posterior al fallo de primera instancia, en la que los demandantes buscan identificar bienes embargables para ejecutar la sentencia, entre ellos las reservas de oro del BCRA. Se trata de un trámite procesal distinto y separado de la apelación de fondo contra la condena.
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Desde el Gobierno rechazaron estar llevando adelante una “estrategia sistemática de dilación” y sostuvieron que el proceso de discovery se volvió desproporcionado. También remarcaron que la oposición de Burford no impide que la jueza Preska otorgue la suspensión solicitada.
La Procuración del Tesoro adelantó que, si el pedido fuera rechazado, la Argentina apelará de inmediato ante la Cámara del Segundo Circuito, tal como ocurrió en instancias anteriores del caso, incluido el episodio en el que se ordenó el turnover del 51% de las acciones de YPF. En aquel antecedente, Preska negó la suspensión, pero la Corte de Apelaciones finalmente la concedió mientras analizaba el planteo.
Ahora, la definición vuelve a quedar en manos de la jueza del Distrito Sur de Nueva York, en una etapa clave del litigio que mantiene en vilo a la Argentina por la ejecución del histórico fallo.
Fuente: Noticias Argentinas
Foto: Archivo
