El Gobierno de Javier Milei reestructura la Procuración tras sospechas de venta de información que habría favorecido al fondo Burford Capital en el litigio por la expropiación de YPF.
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El Gobierno nacional avanza con una profunda reestructuración interna en la Procuración del Tesoro de la Nación, ante sospechas de filtraciones de información sensible en el marco del millonario juicio por la expropiación de YPF. Así lo confirmaron fuentes oficiales este lunes, al señalar que se desatará una “purga” para desactivar posibles canales internos de fuga de datos.
Según declaraciones recogidas por la Agencia Noticias Argentinas, un alto funcionario de la administración de Javier Milei indicó que el actual procurador, Santiago Castro Videla, está impulsando una limpieza interna debido a que “trascendió información que no debió conocerse”, incluso sugiriendo una venta de información confidencial al fondo buitre Burford Capital, demandante en la causa contra el Estado argentino.
“Creemos que hubo filtraciones sobre YPF. La Procuración maneja temas de muchos millones de dólares”, afirmó la fuente, al tiempo que adelantó que se avanzará con la disolución de áreas administrativas y otros cambios estructurales.
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En paralelo, desde la Casa Rosada destacaron que la defensa jurídica de la Argentina en el caso YPF está siendo llevada adelante por el abogado Robert Giuffra Jr., reconocido por haber defendido a Donald Trump y titular del prestigioso estudio Sullivan & Cromwell, cuyos honorarios superan los 1.700 dólares por hora.
Cabe recordar que el litigio se encuentra en proceso de apelación, luego de que la jueza neoyorquina Loretta Preska fallara en primera instancia que la Argentina debe integrar el 51% de las acciones de YPF, lo que podría implicar el pago de más de 16.000 millones de dólares. En ese sentido, en las últimas horas trascendió que el Gobierno de Estados Unidos respaldará la apelación argentina ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
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Si bien Castro Videla asumió al frente de la Procuración en febrero pasado en reemplazo de Rodolfo Barra, no encabeza la estrategia legal por YPF debido a un posible conflicto de intereses: fue socio del constitucionalista Alberto Bianchi, quien declaró como testigo en favor de Burford Capital.
La Procuración del Tesoro, órgano clave del asesoramiento jurídico del Ejecutivo nacional, quedó así en el centro de un escándalo que no solo compromete la transparencia institucional, sino también la defensa de los intereses del Estado en uno de los juicios más costosos de su historia.
Fuente: Noticias Argentinas
Foto: Archivo
