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Juristas realizaron en el Senado varias objeciones a la reforma judicial

Fue en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta, en el que estuvieron representantes de magistrados, constitucionalistas y expertos en derecho penal.

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El proyecto de ley de Reforma Judicial impulsado por el Poder Ejecutivo sumó hoy varias objeciones en la segunda audiencia que se llevó a cabo en el Senado de la Nación, durante un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta.

La iniciativa fue rechazada por la mayoría de los invitados a la reunión remota, quienes cuestionaron la oportunidad de la presentación de la iniciativa, aspectos vinculados con las subrogancias y el mantenimiento del sistema inquisitorio en detrimento del acusatorio, contenido en el nuevo Código Procesal Penal.

El Senado comenzó a tratar el proyecto de ley enviado por el gobierno de Alberto Fernández el último martes, con la presencia de la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo.

Las audiencias continuarán la próxima semana con la presencia, en principio, del exjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni; y del exconsejero de la Magistratura, Alejandro Fargosi, como representante del Colegio de Abogados de Buenos Aires.

De los siete convocados por los senadores a la audiencia remota de hoy, el único que se manifestó a favor de la reforma fue Emanuel Desojo, presidente de Abogados por la Justicia Social (AJUS) de La Plata-Berisso-Ensenada, quien celebró la iniciativa y dedicó el primer tramo de su exposición a cuestionar el desempeño del Poder Judicial en los años del gobierno de Mauricio Macri, al señalar que se trató de «una justicia al servicio del Poder Ejecutivo».

Desojo señaló que «hubo un deterioro institucional» en el Poder Judicial en los últimos cuatro años y consideró que el proyecto tiene como finalidad evitar «maniobras que buscan saldar discusiones políticas» y separar al Poder Judicial «del poder político y mediático».

En cambio, Alberto Garay, abogado magister y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, consideró que «es noble la preocupación por la independencia del Poder Judicial», pero evaluó que «cualquier reforma que se haga en la justicia federal en lo penal tiene que ser muy meditada porque todo el capital que tiene es la confianza que tiene la población».

El letrado opinó que el proyecto enviado por el PEN «adolece de algunas inconsistencias técnicas», calificó como «desmedido» el aumento de jueces federales de 12 a 40 y declaró que «hay una falta de constatación empírica sobre la necesidad de tantos juzgados federales en CABA, cuando quizás hagan falta mucho más en el resto de las provincias».

El abogado especializado en asuntos penales Marcos Salt sostuvo que «es necesaria una reforma a la justicia federal» por los «graves problemas que atraviesa desde hace muchísimo tiempo», aunque señaló que en la forma en que está propuesto el nuevo sistema «no colabora» a reorganizar el Poder Judicial, sino que «atrasa y es antiguo».

«Es malo este proceso de organización», indicó, y añadió que no ve «beneficio alguno en unir la justicia federal con el fuero en lo penal económico».

En el mismo sentido se expresó Raúl Heredia, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, expresidente del Superior Tribunal de Justicia del Chubut, exdiputado provincial peronista y convencional constituyente provincial en 1994.

Si bien elogió como «pertinente, necesario y urgente» la apertura de «un proceso de reforma», indicó que «este proyecto crea órganos que pueden estar contradiciendo la finalidad del sistema acusatorio».

Luego de asegurar que «la mayor reforma que el Congreso tiene como asignatura pendiente es alcanzar el juicio por jurados», opinó que «hay una contradicción en la multiplicación de órganos que sigue apegada a una cultura del juez feudal y no se avanza hacia la idea de un juez decisor».

El presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alberto Seijas, quien firmó una acordada junto a sus pares en la que consideraba que el proyecto carecía de «sostén constitucional», cuestionó el modo en que se transferirán a la justicia porteña las competencias de los delitos no federales cometidos en su territorio.