La Corte Federal argentina pidió la detención de los líderes nicaragüenses por violaciones a los derechos humanos en el marco de una causa por crímenes de lesa humanidad.
La justicia argentina ha dado un paso histórico al ordenar la captura internacional del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, quienes están acusados de graves violaciones a los derechos humanos. La decisión fue tomada por el juez federal Ariel Lijo, quien también convocó a ambos a una declaración indagatoria en el marco de una causa abierta bajo el principio de jurisdicción universal. Esta medida se fundamenta en denuncias que los señalan como responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua desde 2018.
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La denuncia fue presentada en agosto de 2022 por un equipo de abogados liderado por Darío Richarte y un grupo de académicos de la Universidad de Buenos Aires. En la causa se documentan asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y persecución política bajo el régimen de Ortega y Murillo. La acusación está respaldada por pruebas recabadas de víctimas, informes internacionales y testimonios de organizaciones que denuncian la represión sistemática de la oposición en Nicaragua.
La resolución judicial fue calificada como un «hecho histórico» por el abogado Richarte, quien destacó que se trata de un avance significativo hacia la justicia para las víctimas y un paso crucial en la lucha por los derechos humanos. La causa no solo busca visibilizar la situación en Nicaragua, sino también comprometer a la comunidad internacional en la defensa de la democracia en la región.
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El juez Lijo fundamentó su fallo en el principio de jurisdicción universal, que permite a los tribunales de un país investigar y juzgar crímenes de lesa humanidad sin importar el lugar donde se hayan cometido. Este principio fue respaldado por el fiscal Eduardo Taiano, quien apoyó el pedido de detención de los líderes nicaragüenses. De este modo, la justicia argentina ha comenzado a tomar un rol activo en la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos por regímenes autoritarios en América Latina.
Fuente: Infobae
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