Una jueza dictó cuatro meses de prisión preventiva para la expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez por su presunta participación en el golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales en 2019, una acusación que ella negó.
«Me envían 4 meses detenida para esperar el juicio por un ‘golpe’ que nunca ocurrió», afirmó Áñez en Twitter, tras escuchar la resolución de la jueza Regina Santa Cruz, en una audiencia cautelar de varias horas realizada anoche mediante una plataforma tecnológica.
Como hemos denunciado, el MAS decide y el sistema judicial obedece: me envían 4 meses detenida para esperar el juicio por un "golpe" que nunca ocurrió. Desde aquí llamo a Bolivia a tener fe y esperanza. Un día, entre todos, levantaremos una Bolivia mejor.
— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) March 15, 2021
Santa Cruz escuchó en audiencia a las partes, tanto a la Fiscalía como a los abogados defensores de Áñez y de sus exministros de Justicia, Álvaro Coímbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, detenidos todos el fin de semana, informó la agencia de noticias AFP.
La Fiscalía había pedido inicialmente para los tres políticos seis meses de prisión preventiva. Áñez, quien escuchó la audiencia desde una dependencia policial, agregó por Twitter: «Desde aquí llamo a Bolivia a tener fe y esperanza. Un día, entre todos, levantaremos una Bolivia mejor».
Denuncio ante Bolivia y el mundo, que en un acto de abuso y persecución política el gobierno del MAS me ha mandado arrestar. Me acusa de haber participado en un golpe de estado que nunca ocurrió. Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolvianos.
— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) March 13, 2021
La exmandataria, de 53 años, fue detenida el sábado en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico de Beni, 600 kilómetros al noreste de La Paz, después que sus dos ministros Coímbra y Guzmán.
Los tres están acusados de sedición, terrorismo y conspiración. Áñez, abogada, política y expresentadora de televisión, fue detenida mientras se escondía en un baúl en la casa de un familiar.
El nombre de Áñez, que dejó el poder en noviembre de 2020, figura en una denuncia que hizo en diciembre la exdiputada del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty contra el líder cívico de la rica región de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, gobernador electo de ese departamento en las recientes elecciones locales.
La Fiscalía de Bolivia justificó el pedido de detención por una supuesta conspiración para llevar a cabo «un presunto golpe de Estado» contra Morales, quien dimitió en noviembre de 2019 en medio de una fuerte convulsión social.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA urgió en Twitter «al Estado de Bolivia respetar los estándares interamericanos sobre garantías judiciales, independencia y protección judicial».
Explicó que emitía su posición «ante denuncias por inobservancia de las garantías judiciales en la ejecución de las aprehensiones», realizadas desde el viernes en la noche.
Antes de la CIDH, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió que se respeten «las garantías al debido proceso y haya una transparencia total en todos los procedimientos», según un comunicado de su portavoz.
En tanto, la Unión Europea calificó de «preocupantes» los acontecimientos en Bolivia y dijo que los sigue de cerca.
La Conferencia Episcopal de Bolivia exigió en tanto en un comunicado «la inmediata puesta en libertad de los detenidos». Los obispos dijeron que no pueden «permanecer pasivos, mientras se persigue a ciudadanos que han servido a Bolivia».
