El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, expresó su respaldo al proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar la Ley de Tierras Rurales y eliminar las restricciones vigentes para la compra de campos por parte de inversores extranjeros. «No tendría problema en venderle hectáreas a un extranjero», afirmó el dirigente.
La iniciativa, promovida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propone modificar la Ley 26.737, sancionada en 2011. La normativa actual establece que la propiedad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada municipio, además de fijar límites por nacionalidad.
El nuevo proyecto elimina esas restricciones para personas físicas y jurídicas privadas extranjeras. Sin embargo, mantiene la obligación de obtener una autorización conjunta de la Nación y la provincia correspondiente cuando la adquisición involucre a empresas con participación de Estados extranjeros.
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Pino sostuvo que la llegada de inversores internacionales no representa un riesgo para la soberanía nacional. «No se van a llevar un pedazo de tierra para algún lado», afirmó, y recordó que la inmigración fue clave en el desarrollo de la Argentina durante los siglos XIX y XX. No obstante, admitió que algunos casos, como la compra de grandes extensiones destinadas a reservas naturales, podrían requerir regulaciones específicas.
El proyecto enfrenta resistencias en el Senado y su tratamiento fue postergado por falta de consensos. Entre los puntos de mayor debate figura justamente la eliminación de los límites a la propiedad extranjera de tierras rurales, una cuestión que también generó diferencias dentro del oficialismo y entre distintos sectores de la oposición.
La discusión legislativa fue reprogramada para el próximo 6 de agosto. Mientras el Gobierno sostiene que la reforma permitirá atraer inversiones y brindar mayor seguridad jurídica, los sectores críticos plantean interrogantes sobre el impacto que podría tener en el control del territorio y en las facultades de las provincias para regular el uso de sus tierras.
Fuente: Baenegocios.
