El Gobierno argentino anunció este lunes el inicio de un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, a raíz del avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. La medida fue instruida por el presidente Javier Milei a la Cancillería y a los equipos jurídicos oficiales.
Además, Milei dio un plazo de dos semanas para que el Reino Unido detenga las actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos. En caso de que el requerimiento no sea atendido, el Gobierno anticipó que solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para preservar los derechos que Argentina sostiene sobre el área.
La Casa Rosada fundamentó su posición en las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas que reconocen la existencia de una disputa de soberanía sobre las islas y llaman a las partes a negociar. El Gobierno argentino sostiene además que las actividades hidrocarburíferas unilaterales afectan sus derechos sobre los recursos naturales de la plataforma continental.
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La decisión se suma a otras medidas adoptadas durante septiembre. El Ejecutivo había iniciado procedimientos sancionatorios contra empresas y personas vinculadas, según su denuncia, con actividades hidrocarburíferas en los espacios marítimos circundantes a las islas y también envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
Desde el Reino Unido, la posición oficial es diferente. El Gobierno británico afirmó el 18 de septiembre que considera a las Islas Falkland territorio británico y sostuvo que sus habitantes tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales. También cuestionó las medidas argentinas contra empresas y personas vinculadas con actividades económicas en las islas.
El conflicto se produce en un contexto de renovada actividad diplomática argentina sobre la cuestión Malvinas. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU del 23 de septiembre, Milei había reclamado la reanudación de las negociaciones de soberanía y señalado específicamente el avance del proyecto Sea Lion. Ahora, el Gobierno busca llevar la disputa por la actividad hidrocarburífera al mecanismo de arbitraje previsto por el derecho internacional.
